Luego de despidos injustificados, personal del ayuntamiento incurre en alteración de recibos de finiquito; un caso documentado muestra diferencia de poco más de 6 mil pesos con respecto al monto que en realidad fue entregado por la instancia, situación replicada en un número no específico de casos, denuncian
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Cintalapa podría afrontar una demanda por falsificación de firmas en documentos y malversación de recursos, luego que trascendiera la alteración de un recibo de finiquito. Hay una diferencia de poco más de 6 mil pesos con respecto al monto que en realidad fue entregado por la instancia, situación que fue replicada en al menos otra ocasión, de acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas.
Edith Pon Balbuena se desempeñó por periodo de un año y seis meses como recepcionista de la dependencia referida —aunque en la práctica también se le asignaron otras funciones—, hasta que en enero de este año fue informada de su despido; sin embargo, debió firmar su renuncia. Un mes más tarde, el 19 de febrero recibió su finiquito de manos de quien identifica como el director jurídico municipal, José Alberto Mendoza Coutiño, quien hasta ayer figuraba en la plantilla del Ayuntamiento cintalapaneco.
Para ello, se reunió con Mendoza Coutiño, quien delante de ella hizo la contabilización de lo que por ley, le correspondía como finiquito. El funcionario público concluyó que el monto ascendía a un aproximado de 17 mil pesos pero, excusado bajo el argumento de que no hay suficiencia de recursos, acordó otorgarle una suma menor. Pon Balbuena accedió a la negociación debido a que no quería enfrascarse en litigios como los que ahora afronta.
De acuerdo con la copia del recibo de finiquito —que obra en poder de Portavoz— que Pon Balbuena solicitó, le entregaron 8 mil 999 pesos con 40 centavos. Reconoció que es su firma la hallada al calce del documento, membretado con logotipos del Sistema DIF municipal de Cintalapa, que preside Alejandra Alfaro Chacón.
Se especifica también que la directora del DIF es Lorena Natarén Salinas, lo que se constata si se consulta el apartado de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cintalapa; así como que la empleada percibía un sueldo de 2 mil 500 pesos quincenales.
Alteración, al descubierto
No obstante, poco más de un mes después de haber sido despedida de su centro de trabajo, Pon Balbuena recibió por medio de la aplicación WhatsApp, una fotografía de un recibo de finiquito a su nombre con una cantidad distinta a la que se le entregó; una copia de esa evidencia digital también está en poder de este medio periodístico.
El documento era idéntico al que ella había firmado: mismas especificaciones, mismos membretes y sueldo especificado. Pero había diferencias sustanciales en el desglose de las variables que englobaban el monto total del finiquito, ascendía a 15 mil 103 pesos. Además, su firma había sido falsificada.
Con esta información, cerca de las 11:00 de la mañana de ese día, ella contactó al jurídico —Mendoza Coutiño— para ponerlo al tanto de la situación y pedirle que se reunieran. Por los siguientes 20 minutos, sostuvo vía WhatsApp, una conversación con él: «Esa no es mi firma», «Me urge hablar contigo», «No se vale, Beto, que estén falsificando mi firma, ni se parece a la mía». Mendoza se limita a responder: «Así es». Ella continúa: «Espero de hoy a mañana que se me dé una explicación»; él contesta: «Ok».
En entrevista, Pon relata que después el contador Sergio Rafael Antonio Escobar la cita a las oficinas del DIF municipal a la 1:00 de la tarde para tratar su asunto e indagar acerca de la alteración de los documentos. Fue puntual pero no la atendieron sino hasta media hora después, cuando llegó el jurídico. Nunca vio al contador.
La intimidación
Mendoza Coutiño le pidió que pasara a una habitación, la acorraló. Sin importarle la relación amistosa y cordial que habían entablado por el tiempo que fueron compañeros de trabajo, el jurídico la mantuvo prácticamente secuestrada en ese cuarto del que no le permitió salir, bajo la amenaza de arresto. Ya había elementos de la Policía Municipal afuera, a petición del mismo funcionario, en espera de aprehender a Pon Balbuena.
Ella pidió ir por su hijo que saldría de la escuela pronto y regresaría para aclarar el asunto pero Mendoza no cedió; fue impasible en su faena, obligarla a decirle quién le había filtrado la fotografía del documento, la acusó incluso de sustraerlos. En algún momento ella pudo solicitar el apoyo de unos amigos abogados y esperaba su arribo. También grabó sin que Mendoza se percatara:
—¿Me estás levantando falsos?
—No…
—¿No? dices que yo tengo esos documentos y no, tengo una foto…
—No te estoy levantando falsos, te estoy diciendo…
—¿Quieres que te diga quién me envió el documento?
—¿Quién te mandó la foto? (luego, extracto inaudible)
—Pues por la confianza que hay, pero no para llegar a estos extremos. Si es así, yo me siento más «en mi macho», ahí está la Policía, que me lleven (…) Yo lo único que quería era una explicación de porqué están utilizando así mi firma y quiero saber para qué más lo están haciendo. Porque así como me lo dijo Lorena (directora del DIF), tú recibes documentos importantes, lee bien lo que estás firmando. ¿Quién dice que no me lo pudieron haber hecho así? ¿Quién dice que no voy a tener problemas más adelante? O sea, ese es mi miedo. El dinero quédenselo.
—El problema es que yo quiero que me digas quién fue el que te dijo que sacaran eso, quién sacó eso. Tú dices que no lo sacaste.
—No, no lo saqué.
—Por eso te digo, yo creo en ti, pero tú dime quién fue el que lo sacó porque tú sabes quién fue. Dime; de verdad, yo a ti te conozco de hace mucho tiempo.
—Sí y el problema no es contigo.
—Tú te vas a agarrar el problema conmigo porque yo tengo que decirle a ellos que te detengan, a mí también me están dando la instrucción pero eso es lo que yo no quiero, por eso te estoy diciendo dime quién fue nada más y directamente se va a hacer algo contra esa persona, lo que no quiero es perjudicarte.
Fueron más de 20 minutos los que Pon Balbuena pasó encerrada con Mendoza; de pronto, en el audio se oye que alguien toca la puerta y se le deja entrar; son los abogados a los que ella les había solicitado ayuda.
Ante ellos, Mendoza Coutiño minimiza la situación de la alteración de montos y la falsificación de firmas y destaca la importancia de dar con quien ha filtrado la documentación. Les dice que de no identificar a la persona, los agentes remitirán a la exempleda ante el Ministerio Público Municipal por flagrancia del delito. Los litigantes le explican que no hay tal pues no se halla la documentación física en poder de Pon Balbuena.
Mendoza enseguida relata a los abogados que en cuanto él recibió el mensaje de WhatsApp de Pon —quien le envió las fotos que había recibido—, instruyó al personal del DIF que verificaran los recibos pero le respondieron que esos papeles y un sello de la dependencia habían desaparecido, y que Pon se hallaba ahí. De eso, él aduce que ella o tiene los documentos, o sabe quién los tomó.
Por su parte, Pon le espeta que entonces él los puso sobre aviso y se movieron para extraviar los documentos; de ahí que la citaran dos horas después que ella le hizo el reclamo y habían esperado su llegada para inculparla.
Los abogados piden que se aclare la alteración de los documentos y el jurídico, aunque reconoce que se trata un delito, insiste en que primero debe atenderse la sustracción de documentos que dice «son público-privados» y por tanto sucedió la comisión de un delito penal. Al confrontarlo acerca de la firma falsificada, contesta: «Es un delito distinto a éste y ustedes lo pueden hacer valer, después de esto».
«¿Quién te pagó?», pregunta uno de los abogados a la afectada, con respecto al finiquito. «Yo, yo le pagué, de hecho yo le di una copia del documento cuando le pagué», admite Mendoza enseguida. Más adelante, en el audio se escucha decir al otro litigante: «A ella le pagaron un finiquito y ese documento, si existe o no, es de otro delito y lo peor es que usted está inmiscuido porque usted pagó».
Cuando salió de la habitación escoltada por sus abogados, los policías la tomaron detenida y ella exigió ver la orden de aprehensión en su contra; no había, sólo el señalamiento directo del jurídico para remitirla, admitieron los oficiales. Al final, no se consumó y ella pudo salir de la instancia en la que ahora tiene prohibido si quiera poner un pie.
Impunidad y represalias
Ante estos hechos, Edith Pon Balbuena acudió a la Fiscalía del Ministerio Público investigador de Cintalapa, para interponer una denuncia contra el Sistema DIF municipal, la directora del mismo — Lorena Natarén Salinas— y el director jurídico municipal, José Alberto Mendoza Coutiño.
La dependencia abrió la carpeta de investigación con folio CH0042-17-0702-2017, de la que no se proporcionó copias a la denunciante y tampoco se continuó con las indagatorias en curso. Al transcurso de los días, la afectada solicitó le otorgaran copias simples y certificadas del expediente; hace un mes le dijeron que se había extraviado.
En el periodo de dos meses, sólo siete veces han logrado hablar de manera personal con el ministerio público de Cintalapa, Amauri Sánchez Velasco. En tres ocasiones recibió al abogado defensor, Andy Fabián Román Cruz; y cuatro, de manera personal con la agraviada, sin que ninguno de esos encuentros llevara el caso a buen puerto. En últimas fechas, les dan largas, el agente se oculta y su personal lo niega. Ella infiere que está coludido con los denunciados.
Ni siquiera la instancia de Derechos humanos ha querido atenderla para levantar su queja, le han dicho que en asuntos del Ayuntamiento, no se pueden meter.
A raíz de este conflicto, otro proceso legal que ella había interpuesto por la manutención de su hijo (juicio de alimentos) en contra de quien había sido su pareja —y que es primo político de Natarén Salinas—, se vio entorpecido. Él la ha llamado para decirle que de ninguna forma su demanda prosperará y que le haga como quiera porque «su prima está bien parada».
El hostigamiento ha llegado a grado tal que Natarén Salinas le ha advertido a Pon —a través de otras personas— que no se atreva a pasar por su casa que está ubicada en la calle principal de Cintalapa y es casi paso obligatorio; de hacerlo, la responsabilizaría de cualquier cosa. Ahora, todo el personal del DIF municipal tiene prohibido dirigirle la palabra, por lo que ninguno de sus antiguos compañeros le habla.
Ante ese panorama, Pon Balbuena teme por su seguridad y por la de su hijo, sobre todo por las represalias que podrían sobrevenirle tras exponer su caso, así que de cualquier daño que pudiera sufrir su persona, seres queridos y patrimonio, hace responsable a la directora del DIF, Lorena Natarén Salinas; y al director jurídico municipal, José Alberto Mendoza Coutiño. Advierte que en próximos días acudirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer una denuncia contra esos personajes y el mismo ministerio público de Cintalapa, Amauri Sánchez Velasco.
