Indignados por las acciones tomadas por las autoridades municipales, vecinos organizados del fraccionamiento denunciaron una serie de arbitrariedades; mientras tanto, el presidente municipal afirma que gente influyente no pasará por encima de la ley y el secretario de Seguridad Pública rechaza acusaciones de inseguridad en la zona
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]H[/dropcap]abitantes del fraccionamiento Los Laureles exigen al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Fernando Castellanos Cal y Mayor, la reparación inmediata de los daños ocasionados la madrugada del sábado 22 de abril, luego que removieran el portón que los mismos colonos colocaron debido la inseguridad que se vive en la zona.
Indignados por estas acciones, vecinos organizados denunciaron ante los medios una serie de arbitrariedades, entre las que destaca el abuso de autoridad que presenciaron en días pasados por instrucciones del presidente municipal.
De acuerdo con los inconformes, lo ocurrido deriva de la falta de atención que el gobierno municipal les dio durante los últimos meses, ya que aseguran que en reiteradas ocasiones emitieron solicitudes en las que plantearon la necesidad de crear un plan integral de seguridad sobre el boulevard del fraccionamiento ubicado al poniente de la capital, en el que han ocurrido cerca de 18 robos a casa habitación e intentos de secuestros y que en su mayoría, ya fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Pese a las solicitudes de apoyo y respaldo al plan de seguridad que desde hace un par de meses los residentes realizaron para solucionar el problema de inseguridad en la zona, aseguran que nunca obtuvieron respuesta, por lo que el pasado 17 de abril entregaron ante el municipio una solicitud en la que plantearon la posibilidad de poner un portón de seguridad para evitar que los actos de inseguridad continuaran presentándose; sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta.
Aseguran que el único acercamiento que tuvieron con la autoridad municipal fue hace un par de meses y argumentaron no contar con el personal y los recursos suficientes para brindar vigilancia en la zona; incluso, aconsejaron a los vecinos organizarse y contratar vigilancia privada ante los robos a mano armada que se estaban suscitando.
«Se solicitaron varias reuniones para expresarles la preocupación que teníamos ante los robos, y el ayuntamiento debió haber respondido pero no lo hizo. Posteriormente emitimos un permiso formal y también fue ignorado; además nosotros exigimos mayor respeto por parte de la autoridad, al igual que nosotros emitimos vía oficio la solicitud de permiso ellos debieron responder de la misma manera y no agresivamente como lo hicieron», dijo Juliana Matus, una de las inconformes.
El jueves 20 de abril, los vecinos levantaron un amparo federal para pedirle al gobierno municipal mejor atención a la ciudadanía y tan solo dos días después fueron sorprendidos por la maquinaria y el equipo de seguridad que llegó al fraccionamiento la madrugada del sábado, para restablecer el libre tránsito sobre el boulevard; por lo que ese mismo día levantaron una denuncia ante la PGJE para denunciar las agresiones y los actos ocurridos.
«Este sábado fuimos víctimas del mayor abuso de autoridad que encabezó el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien con uso de la fuerza pública destruyó lo que con gran esfuerzo habíamos construido, sustrayendo herramientas que eran propiedad de los colonos, privando de la libertad a los guardias de seguridad privada, por lo que desde este momento responsabilizamos al presidente municipal de cualquier atentado que sufra alguno de los colonos.»
Tras lo ocurrido, advirtieron que actuarán conforme a la ley y no de manera violenta; «sabemos la falta de gobernabilidad interna que existe dentro del ayuntamiento y hoy, las consecuencias se ven en Los Laureles, mañana le tocará a otra colonia. Lo único que queremos es salvaguardar lo más preciado que tenemos que son nuestras familias y nuestras pertenencias personales; sin embargo, nos ignoran».
La inseguridad es un pretexto, dicen autoridades
«Ninguna persona puede estar por encima de la ley, pensaban que porque vive mucha gente influyente en esa colonia el ayuntamiento no iba a actuar, pero la sorpresa fue que el ayuntamiento actuó no porque haya sido un compromiso, sino porque así lo marca la ley», declaró el presidente municipal, en respuesta a lo ocurrido.
Dijo que el trabajo de restablecimiento del libre tránsito se hizo en apego a derecho y la ley, en presencia de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un notario público, ministerio público y agentes de la Policía Municipal.
Recalcó que en Tuxtla no existen permisos para instalar casetas, plumas o cualquier medio que impida el libre tránsito en colonias municipalizadas, donde los servicios públicos corren a cargo del Ayuntamiento; incluso, cuando el argumento sea la inseguridad.
Respecto a los supuestos 18 asaltos a mano armada que los vecinos denunciaron, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Moisés Grajales, dijo desconocerlos en absoluto y aseguró que no se han registrado delitos que perseguir en dicha colonia desde hace más de 10 meses; esto pese a que los vecinos afirman que en su mayoría fueron denunciados ante la PGJE y cuentan con pruebas de ello.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Obra Pública, Promoción y Desarrollo Urbano, Paulina Conde, declaró que el Ayuntamiento dio un plazo de cinco días para que los colonos retiraran la reja y advirtió que por violar la Ley de Fraccionamientos y el Reglamento de Construcción, ahora será el área jurídica quién implemente las acciones a seguir.
