El gobierno de Manuel Velasco Coello sostiene con millonarios recursos públicos a un Instituto que recuerda la ignominia que heredó Juan Sabines Guerrero al pueblo de Chiapas; desde inicios del actual sexenio se documentó el fracaso del proyecto que involucró a autoridades y a empresarios y que hoy se encuentra en el total abandono
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]U[/dropcap]n monto de al menos 34 millones 958 mil 068.09, es lo que se le aprobó este año al Instituto de Población y Ciudades Rurales, una cifra que resulta excesiva tomando en cuenta que los proyectos para los que fue expresamente creado, la ciudades y villas Rurales Sustentables, monumentos a la ignominia que heredó esta administración de Juan Sabines Guerrero, se declararon un fracaso desde inicios de este sexenio.
Aunque las atribuciones de esta dependencia en un principio se enfocaban a la gestión, supervisión y ejecución de las acciones en las distintas ciudades de este tipo, resalta que la mayoría del presupuesto asignado —según se lee en el apartado de Transparencia de ese mismo instituto— es para gastos operativos del propio instituto.
Según el documento que tituló «Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2015 y 2016», la dependencia tenía un monto por ejercer de 34 millones 958 mil 68 pesos. Esa cifra la desglosó en cuatro partidas: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales y publicaciones oficiales.
En el primer rubro, destinó por concepto de gasto de sueldos, 25 millones 983 mil 723 pesos; en el segundo, para materiales de oficina, alimentación, combustibles y derivados, un millón 670 mil 692 pesos; en el tercero, para renta de edificios, energía eléctrica, agua, teléfonos, pasajes, viáticos y mantenimiento de vehículos, 2 millones 862 mil 211 pesos; y en el último, para publicaciones oficiales destinó 4 millones 441 mil 441 pesos.
En ninguna de los cuatro apartados se menciona a los asentamientos sustentables construidos, pero el Instituto de Población y Ciudades Rurales explica que cuenta con dos programas presupuestarios principales, el de Ciudades y Villas Rurales; y el de Población y Planeación Sociodemográfica, sin especificar los montos asignados para tal fin.
En los informes trimestrales que la dependencia mantiene en su portal de internet, confirma que en efecto se le asignaron más de 34 millones de pesos; incluso se lee que en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, de esa cifra había gastado 19 millones 780 mil 449.91 de pesos; es decir, había hasta esa fecha un subejercicio (gasto realizado en menor cantidad en relación con el presupuesto original) de 14 millones 673 mil 161.83 pesos. De nueva cuenta, en el documento no menciona a sus programas rectores.
Ley cómplice
El Instituto de Población y Ciudades Rurales se creó específicamente para atender estas nuevas estructuras o redes sociales que se armaron para evitar el binomio «dispersión-pobreza» en las comunidades rurales. Para ello, se tuvo que hacer ajustes a la legislación, así que se modificó el Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas para crear este organismo institucional y determinar sus atribuciones.
En su origen, sería «la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, encargada de planear, programar, coordinar y ejecutar acciones que permitan la constitución y el desarrollo de las Ciudades y Villas Rurales Sustentables, que erradique la dispersión de los asentamientos humanos y acerque los servicios básicos a un mayor número de chiapanecos».
Falló en su propósito pues a inicios de este sexenio se evidenció mediante un reportaje de la periodista Fátima Monterrosa, para el programa noticioso Punto de Partida, las condiciones de abandono en las que se hallaba la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar.
De las 115 casas edificadas con materiales como madera prefabricada y tablarroca, sólo cinco estaban habitadas pues el conjunto habitacional no contaba ni con servicio de agua potable y mucho menos, energía eléctrica. Para esa ciudad se habían destinado por lo menos 394 millones de pesos.
El 29 de marzo de 2011, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines inauguraron la Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar, en la región de Los Altos, asentada en 34 hectáreas que además de las viviendas, contaba con áreas recreativas, un centro de salud, escuelas, mercado, módulos de servicio, invernaderos, granjas avícolas, una torrefactora de café y una ensambladora.
Para Proceso, el corresponsal Isaín Mandujano relató su visita: «En el centro de salud no había médicos ni enfermeras; en la oficina de registro civil, sólo un empleado. En las granja avícolas las gallinas estaban solas».
Monterrosa, en su reportaje, comenta que lo único que había funcionado era el centro de salud, la granja de pollos y la ensambladora. Lo sustenta con la declaración de uno de los trabajadores, Manuel Gómez: «Aquí trabajamos 150 gentes. Ganamos 4 mil pesos mensuales; 3 mil de sueldo fijo más mil pesos que se gana por puntos, disciplina, limpieza. Hacemos triciclos, sillas escolares, y esas dos cosas, por lo mientras» (sic).
Carlos A. Rodríguez Wallenius, profesor investigador del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco, en su estudio «Ciudades rurales en Chiapas. Mecanismos institucionales para el despojo», señala que el único comprador de estos productos manufacturados era el mismo gobierno de Chiapas.
Los triciclos los ocupaba para el programa Comerciante Cumplidor Seguro; y el mobiliario, para escuelas públicas. No obstante, en el primer trimestre del 2013, ya con la nueva administración de Manuel Velasco Coello al mando, los pedidos se habían suspendido.
Los intereses
El investigador atribuye la aparición de las ciudades y villas rurales sustentables a una estrategia para controlar a la población y despojarlas tanto de sus tierras como de bienes naturales, en zonas donde hay abundancia de agua, minerales, biodiversidad y terrenos; así como el uso discrecional de recursos públicos.
«Lo que resultó fue un mecanismo que implementaron las élites para despojar a las comunidades campesinas de sus recursos y territorios, además de apropiarse de los recursos públicos», opinó.
Aunque la meta inicial era fundar seis ciudades y tres villas de este tipo, al término de la administración sabinista se había terminado cuatro ciudades: Nuevo Juan del Grijalva, Santiago El Pinar, Ixhuatán y la de Jaltenango; se construía la de Copainalá —La primera piedra la puso Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Electra y TV Azteca—; y la del Soconusco quedó en estudio.
Respecto a las villas rurales, tanto la de Emiliano Zapata (que se abandonó su construcción) como la de Tecpatán, no se concluyeron. Acerca de la primera, el periodista de La Jornada Hermann Bellinghausen refirió, en mayo de 2013, que estaba en ruinas y era habitada por grupos diversos, sin servicios de ningún tipo.
«El fracaso salta a la vista, y asoma una historia de corrupción de muchos actores, tanto gubernamentales como de organizaciones campesinas, deliberadamente divididas por la acción estatal», escribió en esa ocasión.
Impunidad institucional
Rodríguez Wallenius asienta en su investigación que hubo intervención la iniciativa privada en el proyecto con fines económicos pues la mayoría de quienes aportaron a las ciudades y villas, mantenían intereses en las posesiones de las comunidades; incluso estas empresas constituyeron Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) de estos conjuntos habitacionales, cuando la mayoría de los integrantes de éstas debieron ser los propios ejidatarios.
«En el CCC participan fundaciones de empresas como Azteca, Telmex, BBVA-Bancomer, Fomento Social Banamex, Adobe, Fundación Kaluz, Fundación Unidos Por Ellos, Instituto Carso De Salud, Natura Mexicana, Sistema CRIT, Farmacias del Ahorro, entre las más importantes. Sin embargo, están ausentes los que deberían ser los sujetos principales en la conformación de las CRS: los campesinos e indígenas de las comunidades reubicadas», explicó.
El experto considera que con las ciudades y villas rurales lo que se hizo fue legitimar mecanismos de despojo y de apropiación de los recursos públicos por parte de instituciones gubernamentales como de empresas privadas.
En 2012, la Red por la Paz Chiapas acusó a la Comisión Federal de Electricidad de aprovechar la expropiación de las tierras en la zona de Juan de Grijalva para construir una nueva represa; además, en esa época tenía proyectado construir la presa «Chicoasén» II en Copainalá, aunque al final mudó el proyecto a una zona cercana (entre San Fernando y Chicoasén).
También documentó que en Jaltenango, la empresa transnacional Starbucks compró buena parte del café que se produce en la zona por medio de la empresa Agroindustrias de México. En Ixhuatán hay yacimientos de oro y las concesiones para exploración por 4 mil 176 hectáreas las tiene la empresa canadiense Cangold; por ello, la reubicación de los pobladores les permitiría explotar la zona con libertad.
Aunado a ello, el enorme presupuesto para la construcción y operación de las ciudades y villas rurales, mayor a 2 mil 300 millones de pesos, era tentador para todos los actores implicados.
«Estos recursos fueron parte de un jugoso botín para funcionarios gubernamentales y empresas constructoras, que realizaron diferentes acciones como elaborar presupuestos con sobreprecios, dejar obras inconclusas o defectuosas, utilizar materiales de baja calidad, etcétera, lo que les permitió obtener ganancias extraordinarias», se lee en la investigación de Rodríguez Wallenius.
A seis años de estos actos de despojo a los comuneros y de robo al erario, las casas que servirían para sacar de la pobreza a las localidades marginadas y dispersas, son ruinas de vergüenza, «fantasmas» habitados por la hiedra y el viento de una tierra que reclama su territorio. El proyecto, a todas luces, fracasó pero la administración que ha heredado este pasaje de oprobio en la historia chiapaneca, sigue alimentando con millones de pesos provenientes de recursos públicos al Instituto de Población y Ciudades Rurales que se había creado exprofeso para velar por estos asentamientos, a pesar que no ha cumplido con su principal función en dos sexenios.
FRASE
«El fracaso salta a la vista, y asoma una historia de corrupción de muchos actores, tanto gubernamentales como de organizaciones campesinas, deliberadamente divididas por la acción estatal» Hermann Bellinghausen
