Los anexos transversales tienen la función de detectar los gastos que se realizan en cada materia, no representan ingresos extras, pero sí pretenden visibilizar cuánto se invierte en atender algunos asuntos como la lucha contra la corrupción, el ambiente o la igualdad de género. En medio de un fin de semana largo, y con más 1900 reservas a debatir, se aprobó el PEF2022, sin modificaciones al proyecto, y aunque no hay sorpresas, resulta necesario hacer algunas precisiones.
Sí, se consideró la disminución de los impuestos a los productos menstruales, que representa gran impacto en la economía de las mujeres de bajos recursos, sin embargo, no puede considerarse como un presupuesto feminista. Como ya se ha discutido, el Anexo 13 referente a Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ha generado debates en torno a su distribución e impacto real. Este año se habla de un aumento de más de 70% recursos ubicados en este anexo, sin embargo, la mayoría responde a recursos de programas sociales insignia de esta gestión que no van precisamente encaminados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Considero que las grandes inversiones deben hacerse en lo que concierne a cuidados, incluida la reactivación de guarderías y estancias infantiles, así como en lo que corresponde al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Una de las mayores demandas de la ciudadanía en los últimos 10 años es el combate a la corrupción y a la impunidad, ambos afectan de manera exponencial a quienes tienen menos, es por ello que el análisis de Anexo Transversal Anticorrupción es importante y también el compromiso y trabajo de quienes han integrado hasta ahora el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En cuanto a ello, se observa un trato diferenciado con énfasis en el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de la Función Pública que representan 78% del gasto en la materia. La lucha anticorrupción es una deuda fuerte que esta administración contrajo con la ciudadanía y que aún con inversiones en el SNA ha entregado pocos frutos. La ASF tiene un papel que jugar en esta lucha, como control externo, ente fiscalizador de los recursos federales y como parte nodal del proceso de rendición de cuentas de las instituciones, y al igual que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con su papel protagónico en el camino a la justicia y anticorrupción, requieren fortalecimiento en recursos con instrumentos y presupuesto que eviten a coda costa generar cuellos de botella en el camino a la investigación y persecución de delitos de esta índole.
Por su parte el rubro en salud contempla un incremento del 15.2 % en términos reales, respecto a lo autorizado en 2021. No obstante, esta cifra, continua 6% por debajo de lo recomendado a escala internacional. En el contexto global de pandemia y de las grandes compras de vacunas.
Atender problemas de corrupción e inseguridad –incluyendo la que de manera desproporcionada sufren las mujeres– requiere recursos para prevenir y para sancionar. Esto está en la punta de las prioridades y de las preocupaciones ciudadanas. Estos temas torales, al que post pandemia se suma el asunto de salud tienen que verse reflejadas en el presupuesto y en el ejercicio de los recursos.
