Demandan la reparación de daños a 25 exreos que estuvieron presos «injustamente» entre 2009 y 2013
Portavoz / Agencias
[dropcap]I[/dropcap]ndígenas y campesinos de diferentes municipios bloquearon las oficinas de la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en San Cristóbal de Las Casas, en demanda del cumplimiento de dos recomendaciones emitidas contra el gobierno de Chiapas, informó Eric Bautista Gómez, dirigente del Movimiento Campesinos Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNP-MN).
El entrevistado precisó que la exigencia es que el gobierno del estado cumpla con la reparación integral de daños de 25 exreos, quienes estuvieron presos «injustamente» entre 2009 y 2013, algunos hasta por tres años, de acuerdo con las recomendaciones 64 /2011 y 11/ 2013 emitidas por la CNDH.
La Comisión realizó algunas gestiones al respecto, «el gobierno estatal ha hecho caso omiso y no se ha dado dicha reparación», argumentó Bautista Gómez.
Aunque autoridades de la CNDH les indicaron que el asunto no es de su competencia porque las recomendaciones las emitió la primera visitaduría, se turnó una tarjeta informativa sobre el caso a las oficinas centrales del organismo defensor en la Ciudad de México.
La petición, agregó el dirigente campesino, es para que los compañeros que se encuentran en la Ciudad de México «sean atendidos por el presidente de la CNDH, se concrete y resuelva el asunto».
En la toma de las oficinas participan indígenas de los municipios de Tenejapa, Chamula, Chenalhó y San Cristóbal de Las Casas.
La movilización por el cumplimiento de las recomendaciones y también por demandas sociales, económicas y de proyectos productivos, que inició ayer y concluirá el próximo viernes, incluirá también manifestaciones en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y las secretarías de Desarrollo Social, así como de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Las protestas de MOCRI, CNPA-MN se realizan también por la crisis económica, en el contexto de la liberalización al precio de los combustibles. «Las políticas gubernamentales perjudican a todos; suben la gasolina y sube todo pero no aumenta el salario mínimo; a los jornaleros y campesinos no les alcanza ni para la canasta básica», puntualizó Bautista Gómez.
