Afirma el ombudsman José Luis González Pérez que muchas tumbas ilegales son producto de la violencia provocada por la delincuencia organizada, «sin descartar, en algunos casos, la participación de agentes del Estado»
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]l presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó su preocupación por la aparición de más fosas clandestinas en el país, como la que se localizó hace unos días en Valparaíso, Zacatecas, con 14 cuerpos.
Al participar en el foro sobre desaparición forzada titulado «Contra el Dolor y el Miedo: Un Grito de Esperanza», en Chilpancingo, Guerrero, González Pérez aseguró que muchas tumbas ilegales son producto de la violencia provocada por la delincuencia organizada, «sin descartar, en algunos casos, la participación de agentes del Estado».
«Hoy día, nos duele e indigna a todos. Y quizá deba dolernos más cuando vemos que esta práctica lamentablemente no ha sido erradicada y que, no obstante la magnitud del problema, no hemos hecho los suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita», expresó ante organizaciones sociales.
Según cifras oficiales proporcionadas por fiscalías y procuradurías, recordó el Ombudsman, se han encontrado 855 fosas del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016, de cuyo interior habían sido exhumados mil 548 cadáveres y 35 mil 958 restos óseos o humanos.
«Cifras que contrastan con el muestreo hemerográfico que sobre el tema realizó la CNDH, puesto que de las notas periodísticas analizadas se desprende que durante ese mismo periodo fueron localizadas mil 143 fosas clandestinas en territorio nacional y 3 mil 230 cadáveres de ellas exhumados», subrayó.
González Pérez recalcó que los estados con mayor número de cementerios clandestinos son: Guerrero con 195; Nuevo León y Veracruz con 191; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora, 12.
Insistió en la necesidad de que las fiscalías y procuradurías del país cuenten con agencias del Ministerio Público especializadas en búsqueda de personas desaparecidas y apliquen el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La ausencia de una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición de personas; la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda; la falta de equipos profesionales en la búsqueda y localización de personas desaparecidas; la ausencia de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar este delito, son algunas de la condiciones que, sostuvo el titular de la CNDH, no favorecen a la protección de la seguridad de las personas.
