La corrupción es un asunto transversal, y tiene impacto diferenciado afectando con mayor intensidad a la población históricamente discriminada (mujeres, niñez, jóvenes, personas de la tercera edad, indígenas, comunidades rurales, entre otros sectores). Implica, además de pérdidas económicas, limitaciones al ejercicio de los derechos humanos. Según el informe de Latinobarómetro 2021, la corrupción en América Latina es un producto cultural derivado de que 75% de la ciudadanía asegura que no existe igualdad ante la ley.
No creo que la corrupción sea un asunto solamente cultural. Es un tema más complejo que implica la noción de una mala administración de justicia, y un trato diferenciado entre sectores sociales, que favorece a quienes cuentan con más recursos, y por supuesto, conduce al fraude social masivo. Al menos un tercio de la población, afecta al Estado con una moral impositiva y laboral baja que es proclive a la corrupción.
Por otra parte, la integridad se nos presenta como polo opuesto, a manera de guía, para combatir la corrupción. Abonando a ello, opino que para evitar que el fenómeno impere, hay que pensar en el bien común sobre el propio, considerando los elementos de justicia y derechos humanos. Debemos fortalecer a las instituciones, reconocer y defender el trabajo de quienes aportan a la rendición de cuentas y pensar en cómo contribuir a atacar este mal, dentro y fuera del servicio público. Según la misma fuente, en promedio, 16% de las personas latinoamericanas dicen que ellas o sus familiares han sabido de un acto de corrupción, cifra que en la región ha disminuido desde 2013 cuando se situaba en 23%. Mientras Argentina es el país con la mayor cantidad de personas próximas a eventos de corrupción (24%), Honduras y Nicaragua son los que menos (10%). El estudio concluye que no se aprecian cambios significativos en cuanto al progreso en la lucha contra la corrupción en América Latina, aunque este ha fluctuado entre el 23% en 2004, un máximo de 36% en 2010 y a 29% en 2020. Por otra parte, en 5 países de la región menos de la mitad la población cree que la corrupción ha aumentado: El Salvador (15%), Uruguay (31%), Nicaragua (44%), México y Guatemala (49%). México cuenta con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que, a 5 años de erigirse en las leyes, ha dejado poco que ver y mucho que desear. En los últimos 2 años, indica el informe,66% cree que se ha avanzado poco o nada en materia de reducción de la corrupción. Necesitamos una evaluación de las limitaciones y alcances reales del Sistema. No creo que precisemos desechar al SNA, que representa un gran paso para el país logrado con el esfuerzo conjunto entre ciudadanía, academia y legislación, pero sí debemos impulsar su análisis, evaluación y construir propuestas de mejora. La corrupción ocurre en cualquier ámbito y en cualquier nivel, y resolverla debería pasar por este proceso de concientización sobre actos y actitudes corruptas intrínsecas en la formación de las personas. Pero al trabajo colectivo e individual hay que agregar la estructura institucional. Y para apoyar a las instituciones, entre otras cosas, necesitamos acciones transversales y estrategias que combatan la percepción y la realidad concreta de corrupción e impunidad, y garanticen nuestro pleno ejercicio de derechos.
