La CNDH refirió que apoyar la militarización es “estar con el pueblo”. Aún cuando organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han referido que esta estrategia no es una política pública efectiva para disminuir la violencia
Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El pasado 8 de septiembre el Senado aprobó una serie de reformas que adhieren la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ello se abrieron una serie de análisis y críticas que exhiben los riesgos de dicha decisión. Pese a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que detalló que está a favor de las modificaciones que perpetúan el poder militar en el país y no buscará frenar lo decidido por las y los senadores.
En un pronunciamiento de 16 páginas la CNDH refirió que apoyar la militarización es “estar con el pueblo”. Aún cuando organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han referido que esta estrategia “no es una política pública efectiva para disminuir la violencia, como se ha constatado los últimos 15 años”.
Sumado a lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) destaca que las reformas aprobadas por el Senado “aumentan el riesgo de violaciones a Derechos Humanos” ya que la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios.
Pese a lo anterior, la CNDH informó que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas. Incluso se afirmó que “nada de esto es nuevo”, pues “históricamente existen antecedentes, que sin detrimento de su carácter civil, han colocado a la Guardia Nacional dentro del encuadramiento militar”.
“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la SEDENA puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad”.
Es decir, en palabras de la Comisión, la militarización del país es una “acción contundente” que se requiere ante el problema de inseguridad y violencia que aqueja a la mayor parte del territorio mexicano.
Sobre las posibles -y esperables- violaciones a derechos humanos que sean perpetradas por las fuerzas armadas, la CNDH se limitó a decir que estarán listos para investigar las quejas que se presenten. Aunque el organismo afirmó que impulsarán acciones preventivas de capacitación y formación que garanticen el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones, no será suficiente para reconstruir la estructura militar de raíz.
En entrevista con Cimacnoticias la internacionalista y especialista en militarización y militarismo, Daira Arana, destacó que para poder observar un cambio en los espacios de seguridad militares y civiles, se necesitan dos sexenios, considerando que desde el día de hoy se implementara un cambio significativo en el sistema que rige a las instituciones. Es decir, reconfigurar las instituciones e incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos son cambios que podrían implicar al menos tres generaciones.
Tras darse a conocer el pronunciamiento de la CNDH diversas organizaciones mostraron su rechazo, tal es el caso del CentroProdh, quienes a través de sus redes sociales destacaron que “las 16 páginas de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos”.
Puedes leer el pronunciamiento completo aquí
¿Cómo afecta la militarización a las mujeres?
Daira Arana aseguró que al no contar con perspectiva de género en las instituciones de seguridad y en las fuerzas armadas, la violencia contra las mujeres al interior de estas y fuera de ellas, continuará siendo una constante.
Por un lado, la postura instaurada por las fuerzas armadas les dice que las mujeres son un grupo poblacional que tiene que ser sometido, incluso en mayor medida, cuando es subversivo con el orden que ellos están estableciendo. En ese sentido, la especialista añadió que cuando las fuerzas militarizadas tienen contacto con las mujeres -sobre todo en detenciones- hay más probabilidades de que haya violencia sexual en la detención o de que se perpetre tortura.
Al hablar de la incursión de las fuerzas armadas en las comunidades, Daira Arana explicó que esto también ha repercutido en la violencia contra las mujeres, pues no solamente se desarrolló el medio para el uso de armas en casos de feminicidio, también ellas han sido sometidas a actos que vulneran su dignidad.
En conclusión, el decreto aprobado por el Senado no conlleva a mayor seguridad o protección y cuidado para las mujeres, sino más bien al aumento de las probabilidades de sufrir algún tipo de violencia, sentenció la especialista.
