En los últimos 5 años más de mil 300 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas de manera violenta en 9 países de América Latina y el Caribe, 500 de estos asesinatos fueron de mujeres trans
Instituto para la Mujeres en la Migración (IMUMI)
Violencia, discriminación, desigualdad, xenofobia, racismo, violación del derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la integridad física, en un contexto de vulnerabilidad social, es el escenario que enfrentan las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ+) en los países centroamericanos, lo que las obliga a salir en un afán por salvaguardar su vida. No siempre es así y a menudo esas vulnerabilidades las acompañan en los países de tránsito y destino.
De acuerdo con la Red Sin Violencia LGBTI, en los últimos 5 años más de mil 300 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas de manera violenta en 9 países de América Latina y el Caribe, 500 de estos asesinatos fueron de mujeres trans. La mayoría tenía entre 18 y 25 años de edad. No obstante, los Estados de la región continúan sin acciones efectivas para prevenir, investigar y sancionar esta violencia.
La pobreza expone a esta población a un alto riesgo de violencia ejercida por integrantes de pandillas y actores gubernamentales. El derecho interno les reconoce pocas garantías, por lo que al buscar reparación del daño se enfrentan a la corrupción, al estigma y a la discriminación por parte de los funcionarios encargados de aplicar las leyes y garantizar su seguridad.
Honduras tiene uno de los índices más altos de homicidios de personas transgénero del mundo. El 26 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó un precedente sobre los principios de igualdad y no discriminación al reivindicar los derechos de las personas trans en la región, luego de determinar que Honduras violó los derechos a la vida y a la integridad personal de Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada en las calles de San Pedro Sula, en 2009.
En noviembre de 2020, Human Rights Watch publicó el informe «Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos», en él mostró el complejo entramado de violencia y discriminación por parte de actores estatales y no estatales que pone en riesgo la integridad física, limita opciones de vida y, en algunos casos, obliga a las personas a huir de sus países. El informe concluye que Honduras no ha dado pasos suficientes para abordar la violencia y la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.
Aunque no existen datos claros que muestren cuántas de las personas en los eventos de detención migratoria en México corresponden a la comunidad LGBTIQ+ -de enero a septiembre de 2021 se han registrado 190 mil 476 eventos de detención migratoria, de los cuales 28 por ciento correspondieron a mujeres y 72 por ciento a hombres- cada vez más las organizaciones documentan los retos que enfrenta esta población en el país. Entre ellos, ausencia de servicios de salud; acceso a la justicia y a empleos; y violencia de género.
En el acceso a la salud, la tendencia a nivel nacional indica que sólo 34 por ciento de la población mexicana ve garantizado este derecho, y en el caso de la población LGBTIQ+ apenas es del 6 por ciento, por encima de las cifras de rezago y pobreza nacionales. A ese rezago se suma la discriminación por parte del personal médico o de enfermería, motivada por su orientación sexual e identidad de género. En el sector laboral, la discriminación y exclusión depende de su orientación sexual e identidad de género que se contrapone con los patrones culturales patriarcales y homofóbicos.
En cuanto a sus trámites migratorios o de asilo, a menudo su identidad de género no les permite ser reconocidos como tales. Además, estudios han demostrado cómo en los espacios donde se les ofrece apoyo, albergue y oficinas públicas, esta población se encuentra con prácticas veladas discriminatorias como castigo por las transgresiones a los estereotipos de género establecidos, así la migración, que en un principio constituyó una oportunidad de huir de la violencia y la discriminación, ratifica estas prácticas.
