86 organizaciones con presencia en el país, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Artículo 19, firmaron un pronunciamiento en el que le piden al presidente de la república no estigmatizar el trabajo que realizan las organizaciones civiles
Sandra de los Santos / Aquínoticias
Diferentes organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas así como el medio ambiente condenaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el trabajo que hacen las agrupaciones civiles en esta región.
El presidente Andrés Manuel López Obrador así como el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas aseguraron hace unos días que las fundanciones W.K. Kellog, Ford, ClimateWorks, NED y Rockefeller estaban financiando a agrupaciones civiles locales para que se pronunciarán en contra del Tren Maya.
Ante estas declaraciones 86 organizaciones con presencia en el país, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Artículo 19, firmaron un pronunciamiento en el que le piden al presidente de la república no estigmatizar el trabajo que realizan las organizaciones civiles.
Las ONG rechazaron los señalamientos del presidente y lo acusaron de propagar información tendenciosa y fuera de contexto, pues aseguraron que jamás han recibido dinero con la encomienda de descalificar al Tren Maya.
Le pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador una disculpa pública en la que rectifique sus declaraciones del pasado viernes, en las que acusó que ocho organizaciones sociales y un medio de comunicación reciben dinero de fundaciones internacionales para oponerse a la construcción del Tren Maya.
Las y los y las firmantes pidieron al Ejecutivo federal adoptar un discurso a favor del pluralismo y la libertad de expresión, reconocer de manera pública la relevancia del trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas, y condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas en su contra.
Asimismo, solicitaron generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones, quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación megaproyectos.
