El Informe Especial «Susana Vigilancia» de las organizaciones Tojil y Transparencia Mexicana (TM), expone que, en cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
El Congreso del Estado de Chiapas, forma parte de los 22 órganos legislativos del país que no han llamado a comparecer a funcionarios de Poder Ejecutivo local, para que informen a detalle sobre el uso de los recursos públicos durante la epidemia por coronavirus, y tampoco cuenta hasta ahora con una comisión especial para abordar este tema.
De acuerdo al Informe Especial «Susana Vigilancia» de las organizaciones Tojil y Transparencia Mexicana (TM), expone que, en cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país, la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC), identificó que únicamente 12 órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios o funcionarias de los poderes ejecutivos.
Lo anterior, con el fin de informar sobre el uso de los recursos y de las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por COVID-19.
A lo anterior, precisa que los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia mediante el mecanismo son: el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
Pese que algunos órganos legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se ha referido al tema en redes sociales, el informe destaca que no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados.
Por tratarse de un mecanismo institucional de vigilancia y acompañamiento de las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, señala que las reuniones deberían ser de fácil acceso y su contenido debería ser público, donde todo los Congresos del país han sido invitados a transparentar las sesiones de trabajo o comparecencias vinculadas por COVID-19, pero especialmente a utilizar sus facultades constitucionales y legales para mantener una estrecha vigilancia de las decisiones y recursos empleados en la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
