El Congreso local aprobó reformas para permitir mayor capacidad de armamento a corporaciones estatales, en una decisión política que busca fortalecer a la policía frente a la delincuencia y enviar el dictamen al Congreso federal
AquíNoticias Staff
El Congreso del Estado de Chiapas dio un paso político de alto impacto en materia de seguridad pública. Durante el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de permitir que las corporaciones policiacas cuenten con armamento de mayor capacidad.
La sesión fue presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, y se desarrolló en un contexto donde la agenda de seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate público en Chiapas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mario Guillén Guillén, sostuvo que la reforma busca consolidar instituciones civiles fuertes y cercanas a la ciudadanía, capaces de enfrentar a la delincuencia con mayor eficacia y bajo esquemas de colaboración interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno.
“La lucha por la paz involucra a hombres y mujeres de valor. En Chiapas vivimos una historia lamentable de dolor para el pueblo que se acrecentó en los últimos años, por la complicidad entre el Estado y la delincuencia. Había que poner orden con las consecuencias que esto conlleva”, expresó desde tribuna.
Guillén Guillén subrayó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar estableció como prioridad de su administración el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, asegurando que actualmente existe una estrategia basada en inteligencia, capacidad operativa y profesionalización policial.
El dictamen aprobado será enviado al Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución, al tratarse de una materia federal relacionada con la portación de armas reservadas a las fuerzas armadas permanentes. Con ello, el Congreso de Chiapas busca incidir en la discusión nacional sobre el marco legal que regula el armamento de los cuerpos de seguridad estatales.
Durante el debate, los diputados Javier Jiménez Jiménez, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y Rubén Zuarth Esquiva coincidieron en que la decisión es trascendental para la seguridad pública y la paz social, al considerar que no se puede exigir resultados a las corporaciones sin dotarlas de las herramientas necesarias para enfrentar a grupos delictivos cada vez mejor armados.
Rubén Zuarth Esquiva expuso datos sobre las causas de la escalada de violencia en el país y su impacto económico y social, y reiteró que no se regateará ningún esfuerzo para abonar a la paz. “Lo que está en juego en Chiapas no es cosa menor: es la paz que se está construyendo”, sostuvo.
Desde la tribuna, se enfatizó que la estrategia no se limita al uso de armamento, sino que contempla capacitación, profesionalización y respeto irrestricto a los derechos humanos, bajo la premisa de que no habrá espacio ni tolerancia para la delincuencia en la entidad.
En la misma sesión extraordinaria, el pleno aprobó también reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, y una vez agotado el orden del día, la presidenta de la Mesa Directiva declaró clausurados los trabajos legislativos.
La aprobación de esta iniciativa coloca al Congreso local en el centro del debate sobre seguridad y uso de la fuerza pública, al tiempo que envía una señal política clara: el combate a la delincuencia en Chiapas pasa por el fortalecimiento institucional de sus cuerpos de seguridad.
