«El artículo 91 es una herramienta que se está otorgando al instituto de elecciones para que se tengan ahorros significativos y abonen a la economía del estado; ahora nosotros esperamos que la use bien, pero es su decisión», sostiene el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Penagos Vargas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]uego que el Congreso del Estado de Chiapas aprobara la iniciativa de decreto que reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana (CEyPC), el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Carlos Penagos Vargas, dio a conocer que es el propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el encargado de decidir si la avala o no.
Lo anterior, deja al IEPC en medio de un jaloneo político, pues apoyar la reducción de presupuestos y recursos financieros para los institutos políticos en Chiapas podría transgredir la Carta Magna, lo que derivaría en una impugnación ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, toda vez que se desconoce el extracto del artículo sujeto a modificaciones y cómo debe actuar el organismo público local electoral con respecto a la repartición de las prerrogativas para los partidos con registro a nivel estatal.
En rueda de prensa, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer que la propuesta busca generar un ahorro aproximado de 84 millones de pesos por la reducción a las prerrogativas de los partidos políticos.
En este sentido, especificó que la iniciativa propone que el padrón sea multiplicado por el 30 por ciento, es decir, bajar más del 50 por ciento las prerrogativas de los partidos. De esta forma, los 157 millones de pesos que el organismo electoral acreditó como recursos para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los siete institutos políticos acreditados, quedaría un aproximado de 72 millones de pesos.
«El artículo 91 es una herramienta que el Congreso está otorgando al IEPC para que estos tengan ahorros significativos y abonen a la economía del estado, ahora nosotros esperamos que la use bien pero es decisión del instituto.»
La iniciativa, que según Penagos Vargas surge en un escenario económico adverso en el estado, entraría en vigor este mismo año y podría aplicarse a partir de 60 días, asimismo detalló que se espera que sea permanente, es decir, que no solo se aplique en año electoral.
Claroscuros
Penagos Vargas dijo ante los medios de comunicación, que la iniciativa de ley fue consensuada por la dirigencia de todos los partidos políticos y surgió como una respuesta a las peticiones de la ciudadanía; «esta iniciativa viene de la crisis que estamos viviendo, son momentos difíciles en los que todos tenemos que medirnos con la misma vara. En los últimos meses ha habido un divorcio entre los políticos y la sociedad, ni creen ni confían y estamos buscando que esta distancia abismal entre lo político y la sociedad se acorte, por eso el tema del financiamiento.»
Y es que aseguró que el recurso asignado a partidos bien podría ser el presupuesto que se da a un municipio «y se está yendo simplemente a partidos políticos».
No obstante, el legislador también admitió que algunos miembros de su partido se ha mostrado en oposición a la iniciativa, ya que «a nadie le gusta que le agarren los bolsillos», sin embargo dijo, es necesario que se tomen estas medidas para cuidar el recurso federal y recalcó que la reducción es para todos porque «la gente pide menos política y más ciudadanía».
Con estas declaraciones, Penagos Vargas confirma lo que Portavoz ya había dado a conocer desde el pasado miércoles 8 de febrero, fecha en la que publicó que la LXVI Legislatura había aprobado en periodo extraordinario una ley para reducir prerrogativas a los partidos políticos, acción que se realizó con discrecionalidad y probablemente sin estudios ni consensos, puesto que las autoridades electorales (INE e IEPC) no habían sido notificadas de manera oficial.
En todo caso, el PVEM será el que se lleve la mejor parte de todo esto, considerando que es el partido con el mayor número de prerrogativas en la entidad, lo que afectaría directamente a los partidos minoritarios.
Bajo esta premisa, la propuesta bien podría buscar una ventaja para el próximo proceso electoral, pues, al quedarse sin dinero, los partidos políticos de oposición estarían en desventaja frente a los institutos respaldados desde el oficialismo y en el peor de los casos, a la merced de los intereses del titular del Ejecutivo.
