La Plataforma por el Derecho Humano al Agua, junto a otras organizaciones, presentó una petición para frenar la iniciativa que pretenden las y los legisladores de Chiapas aprobar, siendo que esta posee irregularidades y favorece al sector privado en el control de las aguas del estado
Lucero Natarén / Aquínoticias
La Plataforma por el Derecho Humano al Agua, el Centro de Lengua y Cultura Zoque, junto a otras organizaciones, enviaron una carta al Congreso del Estado, donde exponen su rechazo ante la pretensión de aprobar la «Ley para la Gestión Integral de las Aguas de Chiapas», pues indican que dicha iniciativa está «dictaminada al vapor, sin análisis, sin discusión, sin consulta abierta y pública y sin una Ley General de Aguas base».
El maestro Fermín Ledesma, vocero del Centro de Lengua y Cultura Zoque, indicó que es preocupante que ante la pandemia y a «puertas cerradas», se pretenda legislar temas que competen a millones de ciudadanas y ciudadanos, más aún cuando se trata de un recurso vital como lo es el agua. Aunque las y los legisladores podrían argumentar que realizaron foros para tocar este tema, el vocero explica que fueron «cerrados» y sin contar con la presencia de todos los sectores involucrados.
Esta petición emitida por las mencionadas organizaciones ha sido lanzada públicamente, tras enterarse que el Congreso Estatal pretendía aprobar una Ley de Aguas local, donde el desarrollo de su articulado, pese a parecer enfocado a los derechos humanos con respecto al derecho al agua y al saneamiento, «es poco congruente y claro».
«Observamos con especial preocupación el capítulo titulado <<Instrumentos de Financiamiento>>, donde se abre la posibilidad de concesionar al sector privado obras hidráulicas para el servicio tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales, otorgándole en los hechos el papel de garante del derecho humano al agua», se lee en el pronunciamiento.
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«Chiapas ya está promoviendo su propia ley, incluso cuando a nivel nacional no ha sido discutida ni aprobada una Ley General de Aguas», refirió el vocero del Centro de Lengua y Cultura Zoque.
Subrayó que en el Congreso de la Unión existen más de cuatro iniciativas que aún se discuten -siendo la de Morena la más fuerte, presidida por Feliciano Flores Anguiano-. Además de que, en lo local, los estados también están promoviendo sus propias leyes. «Si se analiza la iniciativa presentada por el diputado federal Feliciano Flores Anguiano, esta es totalmente privatizadora».
Ante este panorama, hacen un llamado a las y los diputados chiapanecos que impulsan esta iniciativa, a que se abra un debate publico cuando las condiciones de seguridad sanitaria lo permitan. «Consideramos que una Ley de Agua es de suma trascendencia y requiere la participación de la ciudadanía, por lo que su discusión debe posponerse».
«Nuestra propuesta es que primero se acepte una ley general a nivel nacional y posteriormente los Congresos Locales hagan lo propio. Queremos que las leyes que se hagan de ahora en adelante permitan que los pueblos decidan qué usos se le debe dar al agua», aseveró Fermín Ledesma.
Destacaron es importante que la ciudadanía, además de las y los legisladores, presten especial atención a las más de cuatro iniciativas que se han presentado ante el Congreso de la Unión, de las cuales emanará una nueva Ley General de Aguas, pues la que se apruebe determinará quien tendrá el «control» del agua del país.
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Convocan a la ciudadanía a interesarse en que se logre la aprobación de la «Iniciativa Ciudadana, Ley General de Aguas», la cual es impulsada por diversos colectivos, organizaciones, investigadores y expertos, con el objetivo de devolver al pueblo sus recursos hídricos y tenga este el poder de vetar proyectos que afecten las fuentes de agua al usarse para la minería toxica y el fracking.
No a Ley de Aguas sin Participación
Las organizaciones iniciaron ya una campaña digital dirigida a la Comisión de Recursos Hidráulicos de Chiapas, para frenar la Ley Estatal de Aguas que busca ser aprobada sin la difusión y sin la participación debidas. En esta propuesta se invita a la ciudadanía, comunidades y pueblos originarios a ser parte de la construcción de una Ley que devuelva el control «real» de las aguas al pueblo.
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