Fraudes millonarios y redes delictivas pusieron durante años en riesgo los ahorros de millones de trabajadores. La reforma propuesta por la 4T busca transparencia, eficiencia y la recuperación de la confianza en esta institución clave
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) enfrenta una de las mayores crisis de su historia, con un catálogo de irregularidades que abarca desde desvíos millonarios hasta redes delictivas que operan dentro de la institución. Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expusieron los alcances de estas prácticas y la urgencia de una reforma estructural para transformar el organismo.
Entre los casos más graves, destacan contratos irregulares, triangulación de recursos y fraudes multimillonarios. Por ejemplo, el caso de Telra Realty en 2014, en el que se autorizaron 5 mil millones de pesos como indemnización por un servicio no entregado, marcó un punto de inflexión en el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos del Infonavit. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que estos fondos fueron desviados a cuentas vinculadas a funcionarios de la dependencia, sin penalización alguna a la empresa involucrada.
Un sistema plagado de redes delictivas
Las irregularidades no se limitan a grandes contrataciones. También se detectaron redes delictivas en las que empleados del Infonavit, notarios y desarrolladores se coludieron para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda, lo que resultó en un fraude por más de mil 200 millones de pesos. En 21 estados del país, 1,400 viviendas fueron vendidas hasta cuatro veces en un año, afectando directamente los ahorros de miles de trabajadores.
Además, entre 2013 y 2014, el Infonavit pagó más de 3,600 millones de pesos a despachos legales para juicios de recuperación de viviendas. Estas acciones fraudulentas, realizadas con la complicidad de funcionarios judiciales y notarios, despojaron de sus hogares a 60,000 derechohabientes sin un proceso justo.
La propuesta de reforma: un cambio necesario
En respuesta a estos escándalos, la reforma a la Ley del Infonavit busca garantizar la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y devolver al organismo su vocación social. Según Romero Oropeza, el proyecto propone la creación de una constructora que permita al Infonavit desarrollar vivienda de interés social, reduciendo costos y tiempos mediante la compra consolidada de materiales y priorizando el empleo local.
También se plantean cambios en la gobernanza, eliminando las direcciones sectoriales que perciben altos ingresos sin funciones sustantivas, y homologando el esquema de operación con el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Adicionalmente, se propone un sistema de arrendamiento social con opción a compra y créditos asequibles para los trabajadores con menores ingresos.
La lucha por la transparencia
Uno de los elementos clave de la reforma es la inclusión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de los recursos del Infonavit, una medida resistida por sectores empresariales que han argumentado que los fondos son “recursos privados”. Esta resistencia quedó evidenciada en el caso Telra Realty, donde el sector privado votó en contra de atender las observaciones de la ASF.
Claudia Sheinbaum subrayó que esta reforma busca “que los trabajadores tengan la certeza de que sus ahorros están bien cuidados, y que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas y créditos”.
