La Corte Suprema de los Estados Unidos, de claro corte republicano, está despejando el camino a las políticas migratorias implementadas por la Administración federal. En estos cinco meses ha avalado las órdenes presidenciales dirigidas a criminalizar, perseguir y expulsar a todas las personas indocumentadas.
La última decisión del máximo órgano de justicia da vía libre para que el gobierno deporte a terceros países a migrantes sin el debido proceso, sin acceso a abogados y sin posibilidad de que un Tribunal revise sus casos, una expulsión en caliente.
El 15 de marzo, 238 venezolanos y salvadoreños fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador acusados sin pruebas, de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua; entre ellos se encontraba Kilmar Ábrego, deportado por error y devuelto a Estados Unidos ante la resistencia de ese país, donde enfrentará cargos criminales.
El 20 de mayo fueron echados de Texas a Sudán del Sur ocho hombres, entre ellos el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez que purgaba una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, días después se constató que habían sido recluidos en una instalación militar en Yibuti, en el este de África.
Para disminuir la presión migratoria en la frontera, el gobierno de Joe Biden otorgó permisos temporales a nacionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití pero el 30 de mayo la Corte dio luz verde para revocar ese estatus legal conocido como parole humanitario. Ante la decisión, la Casa Blanca celebró la posibilidad de deportar a 500 mil migrantes a quienes llaman “invasores”.
El máximo tribunal norteamericano está integrado por cuatro juezas (tres de ellas liberales) y cinco jueces. En su primer periodo, Trump designó, con la aprobación del Senado, a tres magistrados ultraconservadores y este año es probable que dos jueces decidan retirarse por edad, con lo que se allana el camino para que el presidente nombre perfiles afines, perpetuando una mayoría conservadora en ese tribunal hasta 2040.
El fallecimiento de la admirable jueza feminista Ruth Bader Ginsburg semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, eliminó por completo los contrapesos y anuló los derechos conquistados por la sociedad norteamericana en años recientes.
Entre las decisiones de la Corte que reflejan su división ideológica está el fallo que revocó el caso Roe vs Wade que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país, permitiendo que pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan.
Otra sentencia controvertida tuvo lugar en julio pasado al conceder a Trump inmunidad presidencial por los hechos de enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio por sus seguidores que reclamaban fraude electoral.
La agresiva e inhumana política migratoria de los halcones de Washington tiene en la Corte un aliado clave. Además, el Congreso es de mayoría republicana en sus dos cámaras, lo mismo que el gobierno de 27 estados.
Con semejante respaldo debe esperarse que el trato, la persecución, las amenazas y el hostigamiento contra la población migrante se intensifiquen en los siguientes meses. Y como se demostró en Los Ángeles, ninguna condena social les hará retroceder.
Está en juego mucho en Estados Unidos y sólo con la fuerza de una ciudadanía organizada y progresista se podrá dar un giro.
