Los Estados nacionales tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación, en especial cuando la persona no puede, por razones ajenas a su voluntad, proveer su propio sustento.
Sin embargo, de acuerdo con el «Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias» del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, los datos son desalentadores. La pandemia del COVID-19 podría hacer que a finales de 2020 se duplique el número de personas que padecen hambre aguda en el mundo (de 135 a 265 millones de afectados). En 55 países existen 17 millones de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda.
En el caso concreto de América Latina, el informe «Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19» —preparado por la FAO a petición de México, que durante 2020 ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC— sostiene que es altamente probable que la actual pandemia repercuta en un incremento del número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, que al cierre de 2019 ya ascendía a 18.5 millones.
El principal riesgo, a corto plazo, es no poder garantizar el acceso a los alimentos de la población dadas las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus, y que en muchos casos ha perdido su principal fuente de ingresos. México, es el segundo país (solo después de Haití) con más habitantes en condiciones de subalimentación, y el informe de la FAO nos ubica, además, como un país de «alto riesgo» en la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos. Los datos de la población indígena son desesperanzadores: casi 31% padece hambre.
Por ello, reproducir algunas de las recomendaciones de la FAO en esta «era COVID» me parecen de suma importancia: a) garantizar el funcionamiento de programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de 5 años; b) asegurar (incluso ampliar) programas de alimentación escolar; c) expandir programas de protección social para facilitar el acceso a alimentos; d) Promover y mejorar hábitos de consumo saludable (disminuir población propensa a enfermedades graves por obesidad) y, e) proteger los ingresos de los grupos más vulnerables y los apoyos al campo.
Valdría la pena explorar la viabilidad en México de medidas como: alimentos en casa para niños, niñas, madres gestantes y en periodo de lactancia (Costa Rica); bono para trabajadores independientes e informales (Argentina); moratoria de un año en créditos agropecuarios (Panamá); estaciones públicas de lavado de manos en plazas de venta de alimentos (Guyana). Hay variedad de propuestas, se debe actuar, no podemos permitir que millones (que no mueran por la pandemia) terminen muriendo por hambre. Una política pública prioritaria es indudable.
