En la actualidad, el recién publicado estudio «Gobernanza multinivel y uso del suelo en Chiapas y Yucatán» (septiembre de 2017) estipula que aunque el programa de reducción de emisiones está avanzando, en la práctica existen dudas, tensiones y visiones divergentes respecto a su implementación; menos que haya coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles que las administran
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]os gobiernos del estado y municipales en Chiapas han demostrado que no están al nivel de las exigencias que representa la administración del programa internacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), esa es la percepción generalizada que reveló un estudio financiado por organizaciones internacionales.
En el año 2011, el Gobierno de Chiapas —que era presidido por Juan Sabines Guerrero— recibió dinero del Banco Mundial para iniciar un programa piloto del mecanismo REDD+ de la ONU; con ello, se comprometieron 614 mil hectáreas de selva chiapaneca para estos trabajos.
En la actualidad, el recién publicado estudio «Gobernanza multinivel y uso del suelo en Chiapas y Yucatán» (septiembre de 2017), estipula que aunque REDD+ está avanzando, en la práctica existen dudas, tensiones y visiones divergentes respecto a su implementación; menos que haya coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles que las administran.
En las encuestas «algunos entrevistados consideraron que los gobiernos estatales no están preparados para administrar los fondos de REDD+, y el nivel federal se ha mostrado reacio a fortalecer las capacidades subnacionales. Los gobiernos municipales en general «brillaron por su ausencia» en cuestiones relacionadas con el uso del suelo y los bosques», se lee en el documento.
Los especialistas determinaron que es generalizada la percepción sobre la mayor parte de los gobiernos municipales, de que se preocupan más por la inversión en infraestructura urbana y por acceder al poco financiamiento disponible de los niveles superiores del gobierno.
Una de las investigadoras, Anne M. Larson, explicó para un portal internacional acerca del estudio, que «los hallazgos indican que uno de los grandes retos para la gobernanza de los bosques es la falta de coordinación».
En el caso de la entidad, se sujetaron a los análisis cuatro zonas: Maravilla Tenejapa, Reserva de la Biósfera Selva «El Ocote», las cuencas hidrográficas continentales de la Sierra Madre, Benemérito de las Américas y Mapastepec.
Otras impresiones
Los autores Tim Trench y Antoine Libert Amico (así como Larson), consideraron que la designación de Comisión Nacional Forestal, un organismo forestal sin rango de secretaría, para la implementación de este programa ha generado dificultades.
Asimismo, develaron que las autoridades han equivocado el enfoque puesto que han puesto en marcha acciones conservacionistas centradas en los bosques, «en lugar de los objetivos de gestión sostenible y desarrollo con bajas emisiones expresados en los documentos de política de México (incluida la Estrategia Nacional REDD+)».
Explican que la gobernanza se asocia con una mayor legitimidad, transparencia y rendición de cuentas; por tanto, los esfuerzos políticos para mejorar este tema en el ámbito ambiental están condicionados por el contexto nacional actual. Eso no es alentador si se toma en cuenta que en México la legitimidad del proceso electoral ha sido cuestionada a todo nivel, el Estado de Derecho parece estarse deteriorando y la confianza en los políticos es muy baja.
«Aunque el marco legal en torno a los bosques y el medio ambiente está relativamente completo, la corrupción y las relaciones políticas tradicionales, caracterizadas por el clientelismo y el corporativismo, pueden comprometer las acciones gubernamentales. Además, la escasa supervisión y vigilancia ambiental permite actividades ilegales, alertaron.
«El tan elogiado modelo del Agente Público de Desarrollo Territorial (organismos públicos que participan de los programas de inversión de REDD+) aún no se ha consolidado ni ha tenido experiencias verdaderamente exitosas en Chiapas hasta la fecha», concluyeron los expertos en el documento.
Esta investigación comenzada en 2014 contó con el apoyo financiero de la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo.
