Casos documentados en el sureste y otras regiones del país revelan una cadena de omisiones institucionales que expone a menores a maternidades forzadas, violencia silenciada y una protección que llega cuando el daño ya es irreversible
AquíNoticias Staff
La niña de 10 años que dio a luz en San Cristóbal de las Casas, y que permanece en estado grave, no representa un hecho aislado ni una tragedia inexplicable. Es, más bien, la expresión más reciente de una falla prolongada. Una falla que no ocurrió en un solo momento, sino a lo largo de meses —quizá años— de omisiones acumuladas.
Nada de lo sucedido fue súbito. El embarazo no apareció de un día para otro. El riesgo no surgió en la sala de parto. Antes hubo silencio, normalización, ausencia de alertas y una cadena de responsabilidades que nunca se activó. Cuando la niña llegó al hospital, el sistema reaccionó, sí, pero lo hizo tarde.
Ese mismo patrón se repite en Chiapas desde hace años, particularmente en la región de Los Altos. Organizaciones civiles, informes oficiales y trabajos periodísticos han documentado una realidad persistente: embarazos infantiles que dejan de ser una excepción para convertirse en costumbre. En comunidades indígenas, muchos de estos casos han sido justificados bajo el argumento de los “usos y costumbres”, mientras las instituciones del Estado optan por no intervenir o hacerlo de manera mínima.
Ahí ocurre una doble falla: primero, cuando no se previene; después, cuando no se protege.
La situación no es exclusiva de Chiapas. En distintas regiones del país, el mismo abandono adopta otras formas. En comunidades rurales de Guerrero, hospitales públicos han atendido partos de niñas de 11 y 12 años sin activar protocolos de violencia sexual. El evento se trata como un caso clínico, no como un delito. El cuerpo se atiende, pero la agresión queda fuera del expediente.
En Veracruz, una menor de 12 años, embarazada a causa de una violación, enfrentó obstáculos médicos y administrativos para acceder a la interrupción legal del embarazo, aun cuando la ley la respaldaba. La desinformación y la inacción institucional terminaron por imponerle una maternidad que puso en riesgo su salud física y emocional.
En el Estado de México, docentes detectaron embarazos en alumnas menores de 14 años sin que se activaran rutas de protección. La escuela —uno de los pocos espacios donde pudo haberse encendido una alerta temprana— guardó silencio. El miedo, la burocracia o la indiferencia sellaron la omisión.
Todos estos casos son verificables, documentados y públicos. No se trata de versiones ni exageraciones. Son historias reales que comparten un mismo fondo: la violencia ocurre, pero el sistema no responde a tiempo.
La constante es clara. Las niñas no fallaron. Fallaron los adultos. Fallaron las comunidades que normalizaron. Fallaron las instituciones que no previnieron ni acompañaron. Falló un Estado que aparece únicamente cuando el daño ya es profundo.
Nombrarlas solo como “madres” sin contexto contribuye al problema. Antes que eso, son niñas a las que no se protegió, cuyos derechos fueron vulnerados de manera sistemática. La maternidad no fue una elección, sino una consecuencia impuesta.
Cada embarazo infantil revela un trayecto lleno de puertas cerradas. Cada parto forzado expone una ausencia colectiva. Y cada caso que se diluye en la estadística confirma que la falla no es individual, sino estructural.
La pregunta, entonces, no es cuántos casos más hacen falta para conmocionarnos.
La pregunta es qué estamos dispuestos a cambiar para que no vuelvan a repetirse.
