Falta de cultura impide acabar por completo esta práctica, reconoce población
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
Desde junio de 2020, entraría en vigor la Ley Ambiental para el Estado Chiapas, la cual obliga a empresas, restaurantes y tiendas a no generar más plásticos de un sólo uso, y aunque en los supermercados esta medida se ha respetado, en centros de abasto, tienditas de la esquina y restaurantes que ofrecen alimentos para llevar, se siguen utilizando.
Este proceso se llevaría a cabo en dos partes; en junio entraría en vigor para grandes empresas y hasta diciembre se implementará al cien por ciento en pequeños negocios, sin embargo, ya deberían comenzar con esta modificación para que el 1 de enero de 2021 todos los negocios respeten dicho estatuto.
Y aunque al anuncio de esta Ley, establecimientos comenzaron a exhortar a sus clientes a llevar sus propias bolsas de tela, recipientes o canastas, lo cierto es que, ante la falta de esta cultura, las personas volvieron a olvidarlo y regresaron a utilizar bolsas de plástico.
«Siguen pidiendo las bolsas de plástico, sigue igual, no ha cambiado nada, para dar la mercancía no podemos darlo así nada más a granel, ya se les ha hablado, pero es lo mismo, no entienden, se siguen manejando las bolsas», explicó la señora Maricela Abadía, locataria del mercado San Juan.
«Ya estamos acostumbradas, quedamos acostumbradas a que nos lo proporcionaban y claro que sí nos cuesta aceptar la nueva normatividad, pero está vez ojalá todos se concienticen para cuidar el medio ambiente, pero no todos, poco a poco, vamos a ir agarrando el ritmo», explicó la señora Sonia López, quien junto a su mamá acudieron a realizar sus compras.
Sanciones
La iniciativa de Prohibición del Uso de Plásticos a la Ley Ambiental para el Estado –publicada bajo el Decreto 205 en el Periódico Oficial del Estado en junio de 2019–, puntualiza que las sanciones para quienes incurran a dicha norma van de un apercibimiento, multas de hasta 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y hasta la clausura parcial o total del lugar y será la Procuraduría Ambiental, la encargada de vigilar que los establecimientos cumplan con ella.
