Una vez que se supo que se desconocía su paradero, la indignación empezó a crecer entre los familiares de las víctimas de la violencia en la entidad y la sospecha de que «pudo ser ayudado a huir» entre los analistas y políticos
Agencias
[dropcap]H[/dropcap]ace doce días que Javier Duarte de Ochoa pidió licencia para dejar la Gubernatura de Veracruz y para, luego, esfumarse. Tras de sí, el político priista dejó una estela de indignación en las familias de víctimas de la violencia en la entidad, analistas y políticos que, afirman, «no se tragan» la versión de una fuga intempestiva.
«Él [Duarte] sigue teniendo todo (…). Sabemos que salió de Xalapa el sábado, pero no sabemos a dónde fue. Si la PGR llama a los pilotos, los pilotos tendrán que confesar hacia dónde lo llevaron», dijo Yunes Linares a XEU el 17 de octubre.
Fue el miércoles 19 de por la mañana cuando Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó lo que era un rumor: que no se sabía nada de Javier Duarte.
Ese día, por la tarde, Arely Gómez González, Procuradora General de la República, confirmó que el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La noticia de un Javier Duarte prófugo causó malestar en varios sectores de la población, sobre todo veracruzana.
Un día después de que Duarte pidió licencia a la gubernatura de Veracruz, los familiares de los desaparecidos opinaron que para ellos no significaba nada, porque él no gobernaba desde hace tiempo.
«Duarte era el idiota útil, pero la continuidad sigue ahí. La estructura perversa de violadores de derechos humanos, de gente coludida con el crimen organizado. Toda esa estructura, sigue intacta», afirmó Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.
Los expertos también se pronunciaron sobre la orden de aprehensión girada en contra de Duarte y su fuga: dijeron que se trataba de una simulación, un cálculo político del Gobierno federal y del PRI rumbo a las elecciones de 2018.
Incluso no dudaron en compararlo con el caso de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, prófugo de la justicia.
«Los procesos en contra Duarte y Padrés se hacen con una motivación política, no se hacen porque se haya violado la Ley; porque si fuera eso, desde hace mucho que había indicios, se sabía, tenían señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación [ASF]. Esto es por las condiciones políticas que se dieron a raíz de las elecciones del año pasado y sobre todo la de este año. Los partidos se pusieron a simular que están haciendo algo contra la corrupción», dijo José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Crespo Mendoza opinó que en los casos de Guillermo Padrés, ex Gobernador del PAN, y Duarte de Ochoa del PRI, ambos partidos quizás decidan irse a fondo, en una competencia ante el electorado de «quién lucha más contra la corrupción».
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), consideró que el PRI y el Gobierno federal mantienen una impartición inequitativa de la justicia y que, posiblemente, hubo un acuerdo para retrasar o aminorar las posibilidades de aprehensión de Javier Duarte.
Para el analista, el PRI como partido, no tiene la intención de ir por el resto de los ex gobernadores de la fuerza política con señalamientos de corrupción y lavado de dinero.
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El PRI como partido, no tiene la intención de ir por el resto de los ex gobernadores de la fuerza política con señalamientos de corrupción y lavado de dinero
