Las organizaciones insistieron en que las autoridades mexicanas juzgaron el caso desde una perspectiva sexista
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México.- Defensoras de Derechos Humanos de México y Centroamérica pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que en su próxima sentencia sobre el asesinato de la defensora Digna Ochoa y Plácido, tome en cuenta que este crimen es un ejemplo de que la estigmatización, con base en estereotipos de género, provoca impunidad.
En un «amicus curiae»( documento con argumentos jurídicos) que hicieron llegar al máximo tribunal, las integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expusieron que la muerte de Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, en su despacho en la colonia Roma, en la Ciudad de México, se investigó con prejuicios de género.
A la par de una investigación sesgada —en la que en todo momento la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sostuvo que Digna fingió un asesinato, pero se suicidó con un disparo en el muslo, otro en la cabeza y otro que dio en un sillón—, también se desató una campaña de desprestigio en contra de la abogada, lo que fue esencial para que lo hechos lleven 20 años en la impunidad.
Estos argumentos se expusieron en el escrito que las defensoras enviaron a la Corte Interamericana, tribunal que entre noviembre y diciembre dará a conocer la sentencia en caso «Digna». El expediente con las violaciones a Derechos Humanos fue admitido por la Comisión Interamericana en 2013 y remitido a la Corte para que revisara la probable responsabilidad del Estado mexicano en 2019.
Para las redes, el caso de Digna Ochoa y Plácido no es aislado, es ejemplo de la violencia, estigmatización, impunidad y desprotección que enfrentan las defensoras en México y ejemplifica con claridad cómo la discriminación y los estereotipos de género se relacionan con la violencia que enfrentan por la labor que realizan.
A Digna la calificaron como una mujer desequilibrada que se suicidó y antes de morir hizo pasar la escena como un crimen. Sin embargo, los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, quienes representan a la familia de la defensora, han insistido en su perfil de abogada: defendió a zapatistas encarcelados, a víctimas de la masacre de Acteal y a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por el Ejército mexicano, entre otros casos.
La investigación de los hechos tampoco tomó en cuenta las amenazas de muerte. Su trabajo a favor de víctimas del Ejército hizo que el 9 de agosto de 1999 fuera secuestrada y retenida durante cuatro horas; un mes después, el 3 de septiembre, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), donde trabajaban, recibió amenazas escritas y en uno de los sobres se incluyó una de las tarjetas personales de Digna, sustraída durante su secuestro. El 28 de octubre de ese año, nuevamente fue secuestrada en el interior de su casa.
En México, expusieron las redes, desde el momento de los hechos y hasta la actualidad, las mujeres defensoras desempeñan su labor en un contexto en el que son frecuentemente atacadas, amenazadas, desprestigiadas e incluso asesinadas, de formas específicas en virtud de su condición de mujeres y de defensoras, como sucedió con Digna, a quien las autoridades le «practicaron» un peritaje psicológico después de muerta, conocida como «necropsia psicológica» para desprestigiarla.
El caso de Digna y de otras mujeres víctimas de violencia, evidencia que las mujeres defensoras en el país no han recibido ni reciben protección adecuada y acorde a sus necesidades específicas y a las formas en que la violencia se ejerce en su contra. Esto explica que muchas de ellas deban de optar por estrategias de autoprotección. Según el registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México registra 8 de los 21 asesinatos de mujeres defensoras que se dieron en la región, entre 2015 y 2016; y 8 de los 67 que se ejecutaron entre 2017 y 2018.
En este contexto, las redes pidieron a la Corte Interamericana que tome en cuenta la existencia de un contexto de violencia de género desde el momento en que sucedieron los hechos, la situación permanente de desprotección y riesgo en que se encuentran las defensoras y la impunidad en que se mantienen las violencias en contra de ellas.
Cabe recordar que en abril de 2021, durante la última audiencia del caso ante el máximo tribunal, el Estado mexicano anunció que reabriría la investigación por la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido. Esto, después de que en tres ocasiones la Procuraduría capitalina cerró el caso, la última vez en 2010, debido a que no había delito y la defensora «simuló un suicidio».
