El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, señaló los fallos y déficits del recién adoptado sistema jurídico
Cosme Vázquez/ASICh
[dropcap]A[/dropcap]nte las deficiencias que se tienen para poder cumplir al pie de la letra el nuevo sistema de justicia penal y la corrupción que impera en la entidad, donde incluso se han dejado en libertad a los autores de delitos graves, se corre el riesgo que la gente se haga justicia por su propia mano, advirtió José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Chiapas (FCByAA).
Aseguró que el Ministerio Público (MP) en turno tiene la facultad de tipificar un delito, investigarlo, integrar la carpeta de investigación y poder consignar a los imputados. Sin embargo, estos funcionarios también pueden caer en la corrupción y llegar a un arreglo con el victimario, ya que pueden absolverlo o consignarlo por un delito no grave, para que se lleve el procedimiento y quede en libertad. Cabe señalar que hay un catálogo de delitos donde se tipifican cuáles son graves y no graves, lo cual será determinado por el MP o Fiscal en turno.
Reconoció que con el viejo sistema se daban los arreglos entre la autoridad y el implicado, pero la víctima alegaba derechos ante el Ministerio Público, «tratándose de delitos graves como homicidio la persona quedaba detenida. Ahora lo tipifican como no grave y no lo detienen, sólo lo retienen por 48 horas».
No obstante, explicó que la víctima puede tipificar el delito, inclusive en contra de la propia autoridad, por negligencia, omisión o por mala actuación. «Se puede proceder contra el fiscal o ministerio público porque no son intocables. Nadie está por encima de la ley».
Señaló que es responsabilidad de los encargados de procurar y administrar justicia garantizar que en los distritos judiciales y las fiscalías distritales haya todo lo necesario, los instrumentos para que los servidores públicos puedan realizar con eficiencia sus actividades y no caer en negligencias.
Aseguró que los colegios, barras y asociaciones que integran la Federación en el estado, reportan que en los distritos judiciales y las fiscalías de la procuración de justicia hay severas deficiencias de servidores públicos en cuanto al nuevo sistema, además de que no cuentan con los equipos y personal necesario para poder realizar correctamente sus funciones.
No cuentan con personal para acudir al lugar de los hechos y poder ver de cerca lo ocurrido, en tanto los instrumentos para poder realizar peritajes no sirven. Como ejemplo citó el reciente doble homicidio de Bartolo Vázquez Palomeque y María Belén Vázquez Cigarroa de 15 años de edad, ocurrido el 1 de julio en la carretera Tonalá-Paredón, a la altura de la comunidad Huachipilin o La Ramadita, donde el autor, Cipriano Arreola Zavala, quedó en libertad.
«Hoy vemos que sucede todo lo contrario a esos pronunciamientos de las autoridades de la procuración y la administración de justicia con que el nuevo sistema de justicia penal es la gran solución para garantizar justicia», puntualizó.
