Diferentes organizaciones civiles pidieron al gobierno federal y de los estados afectados atender a las comunidades indígenas
Sandra de los Santos / Aquínoticias
La organización civil Artículo 19 de manera conjunta con otras agrupaciones que trabajan en Chiapas y Tabasco demandaron tanto al gobierno federal como de esos estados transparentar el uso de recursos públicos que se están usando para atender a la población afectada por las lluvias.
El 1° de noviembre del 2020, la depresión tropical «Eta» y el frente frío número 11 generaron afectaciones en diversos municipios de Chiapas y Tabasco, que van desde daños a viviendas e infraestructuras públicas como escuelas, hasta pérdidas humanas. Sin embargo, frente a esta emergencia humanitaria existe poca información en cuanto a la magnitud de las afectaciones en ambas entidades, así como las acciones de auxilio, reconstrucción, habilitación y prevención de riesgos que tomarán las autoridades de los tres niveles de gobierno en las zonas afectadas señaló la agrupación.
La Oficina Regional de ARTICLE 19 para México y Centroamérica documentó la falta de información clara, oportuna y accesible para las personas y comunidades afectadas, lo cual puede tener un impacto en el acceso a servicios esenciales y apoyos existentes que les permitan mitigar los impactos generados por esta catástrofe.
Las organizaciones civiles mostraron preocupación porque en el caso de los pueblos indígenas, la falta de información en estos contextos de crisis humanitaria puede agravar las condiciones de exclusión y vulnerabilidad a las que históricamente han sido sometidos.
«Si bien las instancias de gobierno han difundido información sobre las acciones de evacuación, lista de albergues y centros de acopio, esto ha sido por medio de redes sociales, lo cual imposibilita el acceso a la información a comunidades que no tienen acceso a Internet. Esta situación se mantiene aun cuando ante los impactos generados por un desastre natural, el Estado debe tomar medidas que garanticen una comunicación certera y constante en todo momento de la emergencia, que sea: 1) culturalmente pertinente, tomando en cuenta emitir información relevante en lenguas indígenas; 2) oportuna y expedita, para evitar dilaciones que impliquen más riesgos; 3) relevante, transparentando información útil sobre las estrategias del Estado para enfrentar la situación de riesgo; y 4) accesible, disponible en todas los medios de comunicación utilizados en las zonas afectadas» señalaron en un pronunciamiento conjunto.
De igual manera insistieron que de acuerdo con lo documentado, las medidas de auxilio no están priorizando las zonas indígenas y rurales afectadas, persistiendo la ausencia de las autoridades y generando mayor incertidumbre entre la población afectada. De acuerdo con un testimonio de una pobladora del municipio de Salto de Agua, Chiapas, recabado por ARTICLE 19, hay comunidades rurales en donde las personas no fueron evacuadas oportunamente por las autoridades estatales o federales, más bien recibieron alojamiento temporal a través de otras comunidades aledañas, quienes se han organizado para apoyar con comida y productos sanitarios.
En cuanto a las acciones de auxilio implementadas, las autoridades locales reportaron la activación del PLAN DNII-E para el estado de Chiapas y el PLAN GN-A para el estado de Tabasco. Estas acciones han estado enfocadas al auxilio inmediato, como son el reparto de paquetes de despensas, cobertores y kits de aseo personal u operativos de rescate y evacuación de vivienda, activación de refugios temporales y centros de acopio.
Ante esta situación, las agrupaciones pidieron garantizar la coordinación entre las distintas dependencias y procurar difundir cifras e información confirmada para generar certezas para las personas afectadas.
Implementar mecanismos efectivos de difusión de información útil y oportuna a través de medios accesibles, diversos y culturalmente pertinentes, para que la información llegue a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Comunicar oportuna y efectivamente las medidas de prevención, atención y reconstrucción contempladas para las zonas afectadas, priorizando las necesidades urgentes de las comunidades rurales e indígenas.
Esclarecer oportunamente los recursos nacionales y estatales asignados para atender la emergencia.
Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas que aseguren que los recursos nacionales e internacionales lleguen a quienes lo necesitan.
