La ministra de la Suprema Corte presentó una propuesta de reforma alterna en materia de judicial y de seguridad pública, cuestionando la «narrativa fácil» de señalar solo a los magistrados como los «malos», subrayabndo la necesidad de un diálogo profundo entre poderes y actores sociales
Aquínoticias Staff
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, emitió este domingo un mensaje en el que presentó una propuesta de reforma alterna en materia judicial y de seguridad pública. A través de un video compartido en redes sociales, Piña cuestionó la «narrativa fácil» que atribuye los problemas del país al Poder Judicial, subrayando la necesidad de un cambio profundo mediante el diálogo entre los diferentes poderes y actores sociales.
«Los problemas de México no se pueden resolver responsabilizando únicamente a los jueces y ministros», declaró Piña. Esta afirmación llega en un momento crucial, cuando el Senado discute la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, que ha generado tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial.
Un llamado al diálogo y la justicia
Durante su mensaje, la ministra presidenta hizo un llamado a los legisladores y a las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia para que adopten un enfoque más colaborativo y escuchen a las víctimas de la violencia, defensores de derechos humanos, estudiantes y organismos internacionales. Según Piña, «la demolición del Poder Judicial no es la vía correcta». En su lugar, planteó que con voluntad política, el país podría avanzar hacia los cambios necesarios que permitan construir un sistema de justicia más justo y eficaz.
«Nuestra resistencia no es por el presente, es por las generaciones que vienen y por el país que todos anhelamos», sentenció la ministra presidenta, dejando clara la postura del Poder Judicial frente a las reformas que se están debatiendo en el Senado. Esta posición es particularmente relevante en un momento en el que el Ejecutivo ha acusado a jueces y ministros de ser responsables de muchos de los problemas de inseguridad en el país.
Propuestas concretas para la paz y justicia
Las propuestas de reforma presentadas por Norma Piña, disponibles en la página oficial de la SCJN, incluyen un diagnóstico amplio que contempla las necesidades tanto de los operadores de seguridad y justicia como de los ciudadanos que interactúan con ellos. Según Piña, estas propuestas están alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales y de derechos humanos, lo que las convierte en un enfoque que no solo mira hacia el interior del país, sino también hacia el contexto global de derechos humanos.
Este enfoque integral busca responder a las recomendaciones que han sido emitidas por organismos internacionales e interamericanos, como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por organizaciones de la sociedad civil que han abogado por una transformación del sistema judicial en México.
Tensiones políticas en el Senado
El mensaje de Norma Piña se da en un contexto de creciente tensión política entre el Ejecutivo y el Judicial, mientras las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado analizan la reforma judicial propuesta por el presidente. Dicha reforma ha sido criticada por diversos sectores, que temen que pueda socavar la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de la democracia.
La ministra presidenta ha sido clara en señalar que el Poder Judicial está abierto a los cambios, pero no bajo una lógica de demolición, sino de construcción de un sistema más fuerte y justo para todos los mexicanos. «Si tenemos el valor y la voluntad, podríamos dar pasos firmes hacia la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita», enfatizó Piña, refiriéndose a la necesidad urgente de reformas que realmente aborden los problemas estructurales del país.
Reformas con perspectiva de derechos humanos
Las propuestas de la SCJN incorporan elementos claves que han sido destacados por organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, como la creación de mecanismos de rendición de cuentas más estrictos y la protección de los derechos fundamentales de las víctimas. Esto refuerza la necesidad de que cualquier reforma judicial en México tenga en cuenta no solo las necesidades internas, sino también los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El debate sobre la reforma judicial se encuentra en una fase crítica, y el llamado de Piña podría ser determinante en la dirección que tome la discusión en el Senado. La inclusión de voces diversas y la construcción de un sistema más justo son las premisas que la ministra presidenta ha colocado sobre la mesa, mientras el país sigue observando con atención los cambios por venir.
