La democracia está en franca recesión y el panorama resulta, por decir lo menos, crítico. Cada nuevo informe confirma lo anterior y aporta datos para mirar la realidad con mayor detenimiento. Uno de los más recientes es el publicado por Human Rights Watch que señala que alrededor el 72 por ciento de la población mundial vive bajo gobiernos con rasgos autoritarios. Esta cifra, más que un dato estadístico, es una señal de alarma sobre la dirección que está tomando la política global.
El avance de los autoritarismos, de las autocracias y de las dictaduras no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Se trata de una tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años provocando una disminución significativa de los niveles de libertad de las personas. Diversos análisis coinciden en que las condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos son comparables con las que existían en la década de 1980, una etapa, recuérdese, marcada por regímenes militares, conflictos ideológicos y sistemas políticos cerrados en buena parte del planeta. En otras palabras, hoy somos, en muchos sentidos, tan libres como lo eran las personas hace cuatro décadas.
Esta constatación dista mucho de ser alentadora. Si algo cabría esperar del paso del tiempo, del desarrollo institucional y del progreso tecnológico, sería una expansión sostenida de las libertades. Sin embargo, la realidad parece avanzar en sentido contrario. En lugar de consolidarse, la democracia está fatigada: instituciones débiles, polarización social, desinformación y un creciente cuestionamiento a los valores que durante décadas sostuvieron el orden internacional.
Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿quiénes son responsables de esta situación? El informe mencionado identifica a una triada de potencias con una influencia particularmente significativa: Estados Unidos, la Federación de Rusia y la República Popular China. De acuerdo con el documento, el comportamiento de estos actores ha contribuido a debilitar el sistema de normas que sustenta el derecho internacional, así como la arquitectura institucional vinculada con la protección de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de los Estados.
Sin embargo, conviene hacer una observación crítica al respecto: reducir la crisis democrática sólo a las decisiones de ciertos gobiernos sería una simplificación excesiva. Las amenazas a la democracia adoptan formas nuevas y más complejas. Entre ellas destaca el papel emergente de la inteligencia artificial, cuya capacidad para moldear la información, amplificar ciertos discursos u ocultar otros, y alterar la manera en que las sociedades comprenden los problemas públicos abre profundas interrogantes sobre el futuro y calidad del debate democrático.
A lo anterior, se suma otro elemento inquietante: el creciente desinterés ciudadano por los asuntos públicos. En muchas sociedades se ha extendido la idea de que lo que ocurre más allá del ámbito inmediato –en otros países, culturas o regiones– es irrelevante. Se asume que los conflictos ajenos no afectan la vida propia. No obstante, en un mundo interconectado e hiperglobalizado esa percepción es ilusoria. Las dinámicas de poder, dominación y resistencia no conocen fronteras y lo que ocurre en un punto del planeta termina, tarde o temprano, repercutiendo en otros.
La defensa de la democracia deja de ser un asunto local para convertirse en una responsabilidad compartida.
