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Denuncian violaciones a los DDHH de migrantes

Denuncian violaciones a los DDHH de migrantes

“Militarizar las fronteras no sólo no es un proceso de respeto a los Derechos Humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas»

Redacción Cimac Noticias 

Ciudad de México Organizaciones civiles exigieron al gobierno de México que garantice los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y las garantías de las víctimas en casos de masacres de personas migrantes en México.

El pasado 22 de enero se localizaron en el municipio de Camargo, Tamaulipas, 19 personas –presumiblemente migrantes y cuyo sexo aún es desconocido– calcinadas en dos camionetas. Esta sería la quinta masacre ocurrida en territorio mexicano en un período de 10 años. Otros casos fueron el asesinato de 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres y 12 cuerpos siguen sin identificar) en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 (6 víctimas mujeres) y la masacre de Guemez de 2014.

Por estos hechos recientes e históricos, organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica –entre ellas, el Instituto Nacional para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C– emitieron un comunicado en el que condenaron la masacre y exhortaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes que han sucedido en nuestro país desde hace más de una década.

Las diversas organizaciones presentaron además una denuncia formal para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas; y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México.

A partir de que se dieron a conocer los hechos de la nueva masacre, las autoridades de Guatemala, medios de comunicación mexicanos y guatemaltecos y redes sociales informaron que las víctimas probablemente serían originarias de la comunidad indígena Comitancillo, San Marcos, Guatemala. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó estar en coordinación con las autoridades mexicanas para la identificación forense de las víctimas de esta masacre.

De acuerdo con las organizaciones, los hechos implican violaciones graves a Derechos Humanos por la falta de prevención del Estado mexicano al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa  misma zona fronteriza.

Asimismo, dijeron, se pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio.

“Estos hechos lastiman profundamente no solo a las víctimas directas y sus familias sino a la sociedad en su conjunto, tanto en México como en los países de origen de las víctimas, contribuyendo al deterioro del tejido social de la región”, expresaron.

Las organizaciones se explican la repetición de estos hechos por la nula protección de la población migrante en México; y los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que están frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.

SRE impide atención de víctimas en consulados

De acuerdo con las organizaciones civiles, esta nueva masacre contrasta con lo que el gobierno de México ha insistido en todas sus comunicaciones sobre la existencia de una migración ordenada, segura y regular, por el contrario, observaron que “la contención migratoria –que ha cedido a las presiones externas– a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante”.

“Militarizar las fronteras no sólo no es un proceso de respeto a los Derechos Humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración”, expresaron.

Por todo esto, las organizaciones llamaron a López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades.

Agregaron que a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que establece la obligación de brindar apoyo a las familias a través del Mecanismo de apoyo Exterior (MAE), la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incumplido su obligación de emitir Lineamientos para que consulados y embajadas de México en los países atiendan directamente a los familiares de las víctimas. “El hecho de que estas familias no cuenten con la operación integral del MAE es una violación a su derecho de acceso a la verdad y la justicia”, reiteraron.

Las organizaciones informaron que las investigaciones por el caso de Camargo han sido adelantadas por la Fiscalía estatal, pero exigen la intervención de la FGR con  una perspectiva de macrocriminalidad que atiendan los motivos de estos delitos, así como el derecho de las y los familiares de las víctimas a participar y dar seguimiento al caso, a través de los mecanismos de justicia transnacional existentes, como lo es el Mecanismo de Apoyo Exterior.

En concreto, las organizaciones pidieron:

  • Garantizar un proceso adecuado de preservación y procesamiento de cuerpos y evidencias, así como en su momento, de identificación, notificación y repatriación de cuerpos, de acuerdo a los más altos estándares.
  • Prontitud, debida diligencia y exhaustividad en la investigación.
  • Garantizar el derecho de los familiares de posibles víctimas del caso, a acceder a las investigaciones y participar en ellas, a proporcionar y recibir toda la información disponible para las identificaciones.
  • Garantizar la coordinación interinstitucional y transnacional necesaria, utilizando en lo necesario el Mecanismo de Apoyo Exterior.
  • Garantizar la protección y asistencia a los familiares de las víctimas y el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley General de Víctimas, en igualdad de circunstancias.
  • Garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sus familiares y la sociedad.

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