El derecho a la salud ha sido de los derechos más vulnerados en este sexenio. No es que antes se garantizara para todos pero este gobierno tampoco ha cumplido sus promesas de cambio, ni en los grandes proyectos ni en “pequeños” detalles que mejorarían nuestra calidad de vida.
Cuando hablamos de las principales fallas de este régimen en este tema, suelen mencionarse la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI, el pésimo manejo de la Pandemia, el desabasto de medicamentos, la falta de material médico indispensable en hospitales públicos, o la megaburla de la megafarmacia.
Mucho de esto se debe, según expertos, a ineptitud administrativa, afán centralizador y… corrupción. Suponiendo sin conceder que diseñar, planear e instrumentar una política pública “transformadora”resulta demasiado complejo para estas autoridades, pensemos en medidas más básicas, como el acceso a medicamentos y la calidad de servicios de emergencia, en concreto las ambulancias.
En ambos casos el Estado debería tener la capacidad de regular y asegurar el apego a
normas básicas, así como evitar la corrupción. Este no es el caso.
Aun si es usted derechohabiente de un sistema público de salud, más de una vez habrá tenido que comprar medicinas por su cuenta y comprobado su alto costo. Si, además, padece alguna enfermedad que requiere de medicamentos de uso diario, habrá notado la sorprendente regularidad con que su precio aumenta.
¿No le resulta extraño que un gobierno tan preocupado por el pueblo no haya
intentado o logrado regular los precios de medicinas que, en los hechos, la mayoría de la población paga de su bolsillo? ¿Por qué suben mes a mes? ¿Por qué incluso llegan a ser más caras que en España o Brasil? Allá las farmacias también son negocio.
Si esta idea le parece radical, pensemos en un servicio básico, imprescindible, que, en una sociedad justa o siquiera decente, debe ser accesible y seguro para cualquier persona y, por tanto, deben regularse: las ambulancias.
Si por desgracia, sufre usted un accidente en la calle o en su casa y recurre al 911 – servicio de emergencias que debe enviarle la ambulancia más cercana- y no llega el ERUM o la Cruz Roja o alguna empresa privada seria, corre el riesgo de caer en la trampa de la extorsión.
Tirado en el piso, herido o retorcido de dolor, verá llegar a un equipo sin uniforme paramédico, nadie le tomará sus signos vitales y, antes de depositarlo en una camilla en la parte trasera de una camioneta, intentarán convencerlo de ir a una clínica (sin nombre) “por su economía” y no al hospital que usted (o su acompañante) mencionó.
Si pregunta por el costo de la ambulancia, le contestarán que depende del tiempo de traslado y que luego le dicen, “no se preocupe”. En ese estado de emergencia, no le quedará más remedio que confiar en su buena estrella y esperar que lo lleven a buen destino. Si no ha perdido la conciencia, en el trayecto le extrañará el aspecto despojado de esta camioneta con sirena donde nada sujeta su camilla y no hay asientos en la parte trasera ni equipo médico. De pronto querrán inyectarle quien sabe qué.
Si se defiende, le insistirán porque “ya abrimos el sobre” y se lo van a cobrar. Sentirá gran alivio al llegar al hospital y entrar a urgencias. Afuera, estos buenos samaritanos le cobrarán a su acompañante el doble de la tarifa máxima con médico especialista. Si quiere facturar, deberá pagar el IVA.
Si esta historia le parece exagerada, usted no ha sido víctima de las “ambulancias” irregulares que circulan por nuestra capital, con extraño acceso al 911, pleno conocimiento de las autoridades y opacas alianzas con la policía, como documentan múltiples reportajes que narran verdaderas historias de terror. Léalos y agradezca no ir solo ni haber perdido la conciencia.
Pero no se preocupe, este primero de febrero se iniciará otro “nuevo” programa de regularización en la capital. La próxima vez, como recomiendan las autoridades, fíjese en las placas y el holograma. O, mejor, encomiéndese a la Divina Providencia. O siga esperando la Transformación.
