Desabasto atenta contra derechos sexuales y reproductivos

La entidad figura entre los 10 estados del centro y sur del país con múltiples carencias en el abasto, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos para adolescentes y mujeres indígenas

Portavoz Staff

[dropcap]L[/dropcap]a entidad figura entre los 10 estados del centro y sur del país con múltiples carencias en el abasto, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos para adolescentes y mujeres indígenas; incluso no hay provisión de condones para repartir a los jóvenes; Chiapas tiene .27 preservativos por adolescente, de acuerdo con una investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
Además, Chiapas es una de las cinco entidades que invierten cero pesos en la disponibilidad de métodos anticonceptivos por cada adolescente. Esto es grave si se considera que el condón es el más utilizado para la prevención del embarazo por jóvenes en el país: 82.7 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística.
El estudio que se encuentra en la plataforma Lo Público Es Nuestro, también evaluó otros criterios como la calidad en la atención de los servicios señalados, desde una perspectiva de género e interculturalidad en unidades rurales y urbanas del primer nivel de atención.
Entre los hallazgos del ILSB indica que en materia de «Disponibilidad de métodos anticonceptivos», la Secretaría de Salud del estado señala que es la responsabilidad del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de efectuar la compra total de los mismos.
No obstante, el reporte al que tuvo acceso el instituto, no se menciona la adquisición de condones masculinos y femeninos; sólo se reporta un total de 257 mil 464 anticonceptivos inyectables mensuales y 107 mil 083 bimestrales; 10 mil 190 parches dérmicos y 10 mil 190 DIUs T de cobre.
A pesar que la cantidad de métodos anticonceptivos es alta, ILSB aclara que se desconoce la distribución a las unidades de salud regionales.
Con respecto al criterio de «Enfoque intercultural en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva», los entrevistadores preguntaron sobre el número de traductores a lenguas indígenas que asisten a otras personas hablantes en las unidades de salud, a lo cual, la Secretaría de Salud de Chiapas respondió que no cuentan con personas acreditadas como traductoras:
«Me permito informar que en esta Institución no contamos con traductores contratados de lengua Indígena. Sin embargo, contamos con auxiliares de salud, personas capacitadas por esta Institución de las diversas localidades quienes apoyan en la traducción de las atenciones que solicitan los habitantes de las localidades de lengua indígena».
En el rubro de «Corresponsabilidad masculina en la prevención de embarazos», la institución buscó conocer las acciones que se tienen contempladas desde las unidades de salud; la respuesta que obtuvieron fue:
«(…) en lo referente a corresponsabilidad masculina en la planificación familiar no se cuenta con capacitaciones impartidas sobre corresponsabilidad masculina en la Planificación Familiar».
En caso de estos materiales con un enfoque de interculturalidad, la Secretaría de Salud de Chiapas señalo que no los tenía contemplados ya que «el líder de esta estrategia es Consejo Nacional de Población a nivel nacional».

Más datos y complicaciones

Esta carencia y violación hacia los derechos sexuales y reproductivos se debe a que más de 50 por ciento de los recursos destinados a la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes (Enapea) se ha ocupado en acciones distintas a su objetivo, como áreas de lavandería, jardinería y hasta en viáticos nacionales para servidores públicos en sus funciones oficiales, reveló la investigación de ILSB.
Mientras que de esta manera se gastan los recursos, el embarazo adolescente incrementó 31 mil casos de 2014 a 2016, es decir, cerca de 10 por ciento.
A pesar de que dicha estrategia se creó en enero de 2015 con el objetivo de reducir a la mitad el número de casos en 2030, para 2016 se registraron 395 mil 597 embarazos en adolescentes.
Cuando se puso en marcha dicha estrategia, el Gobierno Federal destinó 23 millones 473 mil 585 pesos; a dos años de su creación el presupuesto consignado se redujo a la mitad: 12 millones 606 mil 305 pesos, según el periódico Capital de México.
Dichos datos se obtuvieron con base en solicitudes de información hacia tres organismos que se encargan de ejecutar la estrategia, como son la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de las Mujeres.
La directora del ILSB, Ximena Andión, aseguró que a nivel nacional en las diferentes instancias de salud no se sabe cuántos recursos se destinan a la prevención de embarazos en adolescentes.
Los demás estados donde se también se realizó la investigación fueron Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, donde fueron evaluados criterios como el abasto de métodos anticonceptivos; corresponsabilidad masculina e interculturalidad en los servicios.
Con respecto a los preservativos disponibles por adolescente en los estados que se investigaron, el más alto es Aguascalientes con 3.16, «que si ya es una cifra alarmante, lo es aún más el caso de Veracruz y Puebla quienes no disponen de anticonceptivos para adolescentes», destaca el informe.
La situación no mejora mucho en el resto de los estados visitados: Quintana Roo contempla .07 condones por adolescente, Yucatán .23 y Chiapas .27 preservativos.
Sobre la inversión de los métodos anticonceptivos, los estados que más gastan son Oaxaca con 38.28 pesos; Morelos con 46.28; y Aguascalientes con 78.05; pero ninguno llega a los 100 pesos por adolescente. Mientras que Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas no ponen ni un peso.
De acuerdo con Animal Político los resultados del estudio fueron presentados este martes, junto con testimonios de los jóvenes encuestadores, quienes se enfrentaron con diversos obstáculos para realizar su trabajo: en Morelos se les impidió realizar algunos ejercicios de su investigación bajo el argumento de que se encontraban en tiempos electorales; mientras que en Guanajuato y Guerrero se les pidió «acudir reglando» para recibir atención y métodos anticonceptivos.
Una de las encuestadoras relata que en San Juan Chamula, Chiapas, por ejemplo, se encontraron con reticencia de los médicos del Sector Salud luego de una denuncia por muerte materna que los puso en la mira de las organizaciones.
«Nos preguntaban «¿qué quieren saber, de dónde son? Porque tiene que autorizar el director, y aparte tienen que traer la autorización por parte de la jurisdicción para saber si damos información o no, porque últimamente las organizaciones nos vienen a vigilar y luego nos denuncian»», relata Martha López, de la Red de mujeres jóvenes de los pueblos indígenas y afromexicanas de la entidad.
El no contar con la calidad, disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, se violan los derechos sexuales y reproductivos, ya que estos fenómenos colocan a las adolescentes en condiciones de desigualdad y las vuelve más propicias a perpetuar condiciones de pobreza e inequidad de género.
Ello se debe, de acuerdo con el Instituto, a que casi ningún estado destina presupuesto para la compra de este insumo, por lo que los recursos dependen casi exclusivamente de la Federación mediante una sola fuente de financiamiento.

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