A raíz del caso #DóndeEstáMarcoAntonio, hubo versiones distintas sobre si se trató de un extravío o de privación ilegal de la libertad por parte de autoridades y/o grupos delincuenciales organizados
Agencias
[dropcap]A[/dropcap] raíz del caso #DóndeEstáMarcoAntonio, hubo versiones distintas sobre si se trató de un extravío o de una desaparición forzada.
Mientras que organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Red por los Derechos de la Infancia en México o el Instituto de Justicia Procesal Penal sostuvieron que se trató de una desaparición forzada, la Secretaría de Seguridad Pública insistió en que se trató de un simple extravío.
Pero la desaparición forzada es distinta a un simple extravío y queremos explicártelo.
Esta práctica vulnera derechos como la vida, la libertad y la seguridad personal, según la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
«Constituye una grave violación a los derechos humanos, por lo que, inclusive, puede ser considerada como un crimen contra la humanidad cuando se ejerce de manera sistemática o generalizada contra la población civil», asegura el organismo.
La desaparición forzada se ha practicado México desde los años 60, en un periodo conocido como la Guerra Sucia.
En 2001 se creó una fiscalía especial para investigar 532 casos de personas desaparecidas durante esa época que en su mayoría pertenecieron a movimientos sociales como el de los estudiantes de 1968, el del 10 de junio de 1971 (que terminó en un ataque provocado por el Gobierno de Luis Echeverría conocido como «Halconazo») y a otros movimientos armados de izquierda que surgieron en el país.
«El Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo», concluyó en su informe la fiscalía.
Una de las características de este delito es la participación de agentes del Estado como policías, militares u otros funcionarios.
La participación de estos suele comenzar con un arresto arbitrario que impide, entre otras cosas, el ejercicio del derecho de cualquier persona a ser informada de las razones de su aprehensión y a ser llevada ante un juez de manera inmediata, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
«A diferencia de la época conocida como la Guerra Sucia, en la que hubo en el país personas detenidas y desaparecidas –principalmente por ser consideradas por el Estado como ‘subversivas’–, en las desapariciones actuales aún no se tiene claridad sobre el perfil de la víctima. La lucha contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) propició que se estigmatizara a muchas de ellas como ‘delincuentes’, cuando varias eran inocentes y ajenas a las acciones del crimen organizado», detalló la directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. en un artículo.
Esta participación puede ser directa, indirecta o mediante el permiso o consentimiento de agentes del Estado.
En el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el grupo de expertos internacionales que investigó el caso documentó en un informe la participación directa de policías municipales de Iguala y Cocula, así como la participación indirecta de elementos del Ejército y la Policía Federal.
Además de la privación de la libertad cometida por servidores públicos, la desaparición forzada se caracteriza por la negativa para informar sobre el paradero de la víctima.
Esta negativa a brindar información y a reconocer la detención genera una incertidumbre sobre si la víctima se encuentra viva o muerta, de acuerdo con el informe del GIEI.
La CNDH ha dicho también que esta negación de las autoridades tiene como efecto que la víctima sea sustraída de la protección de la ley por un periodo prolongado.
Aunque en el delito de secuestro también existe una privación de la libertad de la víctima, los victimarios sí reconocen que existe un plagio de la persona.
Durante el ocultamiento, la víctima puede sufrir tratos crueles, degradantes e inhumanos. Incluso puede ser ejecutada.
«Una desaparición forzada es un acto único y consolidado y no una combinación de actos, con la cual se ven vulnerados varios derechos, incluido el derecho al reconocimiento de una persona ante la ley, su derecho a la libertad y a la seguridad y el derecho a no ser sometida a tortura ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y viole o lo ponga gravemente en peligro, además, el derecho a la vida», dice la CNDH.
Durante la Guerra Sucia, por ejemplo, cientos de personas sufrieron torturas en el tiempo que duraron desaparecidos por parte del Estado.
Entonces, no es lo mismo un secuestro, una persona extraviada y una persona que fue víctima de desaparición forzada.
