El presidente del Senado aclaró que los ministros no han presentado una renuncia en el sentido estricto, sino que han decidido declinar su participación en el proceso de elección de nuevos jueces. Fernández Noroña especificó que los ministros permanecerán en sus cargos hasta agosto de 2025
Aquínoticias Staff
Este martes, se anticipa que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentarán su renuncia, tanto a sus cargos como a su derecho de participar en la elección de nuevos jueces prevista para junio de 2025. Entre los ministros que se perfilan para esta renuncia histórica se encuentran Norma Piña, presidenta de la SCJN, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Todos ellos han sido críticos de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca reconfigurar el sistema de elección de jueces y limitar las prerrogativas de los ministros salientes.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, establece que los ministros que no se postulen o que no resulten electos en la elección extraordinaria de 2025 no serán beneficiarios de la pensión vitalicia por retiro a menos que presenten su renuncia antes de la fecha de cierre de la convocatoria. En un acto de resistencia, la ministra Margarita Ríos Farjat se adelantó al expresar que no está dispuesta a conservar su pensión si esto implica someterse a un proceso que, según sus palabras, “no deja espacio a la dignidad personal”. Su declaración reflejó una postura que, en los días siguientes, encontraría eco en varios de sus colegas de la Suprema Corte.
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desmintió públicamente la versión de una «renuncia masiva». A través de sus redes sociales, aclaró que los ministros no han presentado una renuncia en el sentido estricto, sino que han decidido declinar su participación en el proceso de elección de nuevos jueces. Fernández Noroña especificó que los ministros permanecerán en sus cargos hasta agosto de 2025, a excepción del ministro Luis María Aguilar Morales, cuyo mandato finaliza el 30 de noviembre de este año. La negativa del presidente del Senado intenta desactivar los rumores de una crisis de liderazgo en la Suprema Corte, pero las implicaciones de la decisión de los ministros marcan un punto álgido en el contexto judicial del país.
Esta coyuntura resalta las diferencias ideológicas y políticas que subyacen en la Suprema Corte. Mientras que los ministros que planean dimitir mantienen una postura crítica frente a la reforma judicial, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, afines a la Cuarta Transformación, han mostrado su disposición a participar en la próxima elección, reflejando así una división que va más allá de lo judicial y que se adentra en el ámbito político. En juego está no solo la reconfiguración de la SCJN, sino también la estabilidad del sistema de justicia en un momento en que el país enfrenta grandes desafíos en materia de independencia judicial y autonomía institucional.
La renuncia de estos ministros plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la Suprema Corte y de la justicia en México. La reforma judicial de López Obrador ha sido señalada por críticos como una amenaza a la independencia de la SCJN al introducir modificaciones en el proceso de elección de jueces y al reducir el beneficio de pensión para los ministros que opten por no continuar bajo las nuevas condiciones.
En este contexto, la próxima elección de jueces en 2025 se perfila como un evento decisivo para el sistema de justicia en México. El vacío que dejarán los ministros críticos de la reforma podría cambiar el rumbo de la SCJN hacia una dirección más alineada con la visión de la Cuarta Transformación. La renuncia de estos ministros envía un mensaje de resistencia frente a lo que perciben como una amenaza a los principios de autonomía e imparcialidad judicial, mientras que los ministros y ministras que optan por permanecer representan una postura distinta, dispuestos a trabajar en el marco de la nueva estructura. La decisión de estos ministros marcará sin duda un antes y un después en el sistema judicial mexicano y planteará un desafío adicional para el equilibrio de poderes en el país.
