Pensar la desigualdad va más allá de la observación y estudio de las brechas de ingreso. Implica un análisis multidimensional que cuestiona las bases mismas del contrato social vigente, las relaciones de poder que lo sostienen y, de forma cada vez más evidente, los límites ecológicos del propio sistema económico.
El reciente Informe sobre Desigualdad Global (World Inequality Report 2026,WIR 2026), coordinado por Lucas Chancel, Ricardo Gómez-Carrera, Rowaida Moshrif y Thomas Piketty, muestra una realidad inquietante: pese al crecimiento económico global, la concentración de la riqueza ha alcanzado niveles que amenazan la estabilidad de los regímenes democráticos y la cohesión social. La evidencia consignada en el informe confirma que el crecimiento económico sin mecanismos redistributivos sólidos, es insuficiente para revertir la desigualdad y puede contribuir a profundizarla.
Aunque la desigualdad ha sido una de las marcas persistentes y definitorias del sistema económico global, el WIR 2026 señala que el 10 por ciento más rico de la población mundial posee casi tres cuartas partes de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre detenta el dos por ciento. Esta asimetría que separa a los pocos de los muchos se ha ido ampliando de forma acelerada: desde los años noventa del siglo XX, la riqueza de los milmillonarios ha crecido a un ritmo anual de ocho por ciento, casi el doble del crecimiento experimentado por la mitad inferior de la población. Más preocupante aún es la existencia de discursos y marcos institucionales que legitiman esta concentración. Como sostiene Thomas Piketty en su libro Capital e ideología, toda sociedad tiende a justificar sus desigualdades a través de construcciones discursivas respaldadas por instituciones jurídicas, otorgando así legitimidad y legalidad a la distribución desigual de recursos. En este sentido, la desigualdad no es únicamente una realidad material, sino una construcción política e ideológica.
Diversos informes en la materia, como los elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Oxfam, han ampliado el análisis de la desigualdad incorporando dimensiones antes consideradas periféricas o que estaban relegadas. El WIR 2026, por ejemplo, destaca que en materia de género las mujeres perciben el 32 por ciento del ingreso laboral por hora si se considera el trabajo doméstico no remunerado. Esto va en sintonía con la literatura sobre economía feminista que analiza la relación entre economía productiva y economía reproductiva. Por otro lado, este informe señala, en materia de desigualdad ecológica, que el 10 por ciento más rico es responsable del 77 por ciento de las emisiones asociadas a la propiedad de capital privado, evidenciando la relación entre desigualdad económica y crisis ambiental.
Hay que insistir que la desigualdad no es un destino inevitable, sino el resultado de decisiones políticas concretas. Las propuestas del WIR 2026 van en la necesidad de poner en marcha reformas estructurales: un impuesto global a los multimillonarios, la transparencia de los activos financieros y la reinversión en bienes públicos universales. Estas propuestas van en sintonía con lo planteado por Anthony Atkinson y Branko Milanović, quienes enfatizan la necesidad de políticas de carácter redistributivo para garantizar sociedades más equitativas, cohesionadas y sostenibles.
Como señalan Jayati Ghosh y Joseph Stiglitz en el prólogo del WIR 2026, la erosión de la confianza en las instituciones democráticas es un síntoma de la creciente desconexión entre poder económico y ciudadanía. La concentración extrema de la riqueza, captura el espacio público, debilita la deliberación, monopoliza los procesos políticos y alimenta la polarización.
Sólo a través de la cooperación global, con un enfoque redistributivo, será posible reconstruir la solidaridad necesaria par afrontar los desafíos del siglo XXI: la crisis ecológica, la polarización y el debilitamiento de la democracia.
