La invasión de terrenos en Tapachula ha aumentado en la última década, afectando áreas urbanas y protegidas. Pseudolíderes se aprovechan de familias de bajos recursos y migrantes, vendiéndoles predios sin garantías legales
Aquínoticias Staff
En los últimos diez años, Tapachula, Chiapas, ha experimentado un auge en la creación de asentamientos irregulares, con aproximadamente 150 colonias establecidas en terrenos ocupados de manera ilegal. La invasión de terrenos —práctica en la que participan alrededor de 30 pseudolíderes, según el Movimiento 33 Soconusco— ha dado lugar a un mercado ilícito de tierras que explota la necesidad de vivienda entre personas de bajos recursos, incluidas familias de migrantes.
Martiniano Reyes Palacios, miembro del Movimiento 33 Soconusco, explica en entrevista para el medio Diario del Sur, que estos líderes sociales, algunos exfuncionarios, utilizan a personas de escasos recursos como «carne de cañón», argumentando que les brindan una oportunidad de acceder a un terreno que, de otro modo, no podrían adquirir. Sin embargo, tras las promesas de propiedad, estos individuos pagan por lotes que no cuentan con ningún tipo de seguridad legal, pues carecen de documentos oficiales de propiedad, lo que deja a las familias en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.
La asociación Nueva Generación Vinculación Social estima que las invasiones en Tapachula abarcan más de 300 hectáreas, distribuidas entre zonas urbanas y ejidales. Alfredo de la Cruz Cordero, líder de esta organización, señala que colonias como El Alazán, Solo Dios y Rivera Maya son ejemplos de estos asentamientos irregulares. Los pseudolíderes venden los lotes a precios que oscilan entre 60,000 y 80,000 pesos, permitiendo pagos mensuales, pero sin ofrecer garantías legales.
Además de los conflictos de propiedad, los servicios públicos en estas áreas son otro foco de tensión. Según Reyes Palacios, los líderes controlan el acceso al agua y a la electricidad y convierten estos servicios en fuentes adicionales de ingresos, cobrando tarifas no reguladas a los residentes. Aquellos que cuestionan este esquema son amenazados o excluidos de los servicios, lo que refuerza la dependencia hacia los pseudolíderes.
La Confederación Nacional Campesina (CNC), a través de su coordinador en la región, Indalecio Flores Bahamaca, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que intervenga y haga cumplir la ley. Flores Bahamaca sostiene que las autoridades han ignorado las denuncias presentadas por los legítimos propietarios de los terrenos invadidos, lo cual ha favorecido el crecimiento de estas prácticas. La inacción prolongada, advierte, podría provocar enfrentamientos violentos entre propietarios e invasores.
La problemática no solo afecta a predios habitacionales; también amenaza áreas naturales protegidas. La organización ambiental Earthworm Foundation alerta que más de 8,000 hectáreas en zonas como Cabildo Amatal y la Reserva de Biosfera La Encrucijada han sido invadidas. Estas áreas, que albergan humedales vitales para la región, corren el riesgo de perderse por actividades agrícolas ilegales y la creación de asentamientos irregulares promovidos por pseudolíderes.
El conflicto en Tapachula revela un patrón de corrupción, extorsión y desamparo legal que afecta tanto a ciudadanos vulnerables como a los legítimos dueños de terrenos. La intervención de las autoridades es crucial para desarticular las redes de pseudolíderes que lucran con la necesidad de los más desfavorecidos y preservan sus intereses a expensas del desarrollo ordenado de la ciudad y de su entorno natural.
Con información de Diario del Sur
