El Gobierno de la Ciudad fue evaluado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
Redacción
[dropcap]C[/dropcap]omo resultado de un ejercicio público responsable, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez destacó en el panorama nacional por los indicadores de transparencia, de acuerdo a la evaluación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP).
Con una calificación de 0.825, por encima de la media nacional y estatal, se pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de la Ciudad por ejercer una política de transparencia; así lo confirmó Jovani Salazar Ruiz, secretario general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
El secretario general del Ayuntamiento reveló que la calificación obtenida es un signo claro de que el trabajo integral que se ha hecho por instrucciones del presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, coloca a Tuxtla en un sitio privilegiado en el contexto nacional.
«Nosotros tenemos que abrirnos al público en nuestro portal de transparencia, de que ellos nos pueden preguntar lo que quieran y tiene que ser respondido en tiempo y forma como lo marca la ley», enfatizó.
Este reconocimiento otorgado al Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, representa una nueva calificación por el buen manejo y la generación de acciones, en materia de transparencia, para la atención de los diferentes sectores de Tuxtla Gutiérrez.
Salazar Ruiz explicó que el año pasado se llevó a cabo la Evaluación de la Medición de la Métrica Nacional, en la que se consideró la Metodología para la Evaluación de la Medición de Transparencia y Acceso a la Información en México, cuyo resultado es de trascendencia por ser un parámetro del avance que se tiene en la capital chiapaneca.
En esta metodología, se incorporó nuevamente el Índice de Evaluación de la Normatividad en Materia de Transparencia 2010, pero se consideraron obligaciones de transparencia presupuestal de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, se consideró el procedimiento para interponer quejas o consultas; relación del número, especificación de las recomendaciones del órgano garante, de organizaciones de derechos humanos, entre otras variables.
