En cuestión de horas, el exgobernador de Veracruz pasó de estar en un confortable hotel de Guatemala con vista al lago de Atitlán, a ser recluido a una prisión, llamada Matamoros, resguardada por el Ejército de ese país. Duarte, acusado de uno de los mayores escándalos de corrupción en México, fue detenido la noche del sábado en un hotel de Panajachel, tras más de cinco meses de búsqueda
Portavoz / Agencias
[dropcap]J[/dropcap]avier Duarte fue detenido el día sábado en Guatemala en el hotel La Riviera de Atitlán, en el Municipio de Panajachel, una localidad turística ubicada a 210 kilómetros de Tapachula, Chiapas. El exgobernador de Veracruz salió de forma voluntaria, no iba armado y no se le incautó nada.
Desde hace tres días, las autoridades guatemaltecas y mexicanas le seguían de cerca la pista. El veracruzano es el segundo exgobernador del PRI, partido del Presidente Enrique Peña en ser detenido en menos de una semana.
De acuerdo con fuentes oficiales consultados por distintos medios, el ingreso de la familia de Javier Duarte a Guatemala por la vía legal fue la clave para que las autoridades de ese país, apoyadas por la Interpol y la PGR, detuvieran al exgobernador. El periodista Joaquín López Dóriga difundió en su cuenta de Twitter una hoja con la lista de pasajeros del avión que salió el viernes de Toluca a Guatemala con hijos y familiares de Duarte detectados por Policía Federal y reportados al CISEN. En una breve conversación telefónica con la agencia The Associated Press, Duarte dijo: «No tengo comentarios, nada», sobre su detención o su estado de salud.
Aunque el caso de Yarrington era el más antiguo, el de Duarte ha sido uno de los más sensibles para la opinión pública por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno. La detención del veracruzano causó alegría entre la población. En una grabación, desde Guatemala, se ve a Duarte nervioso, desafiante, platicador y, sí, también risueño.
Que se sepa, es la primera vez que Duarte duerme en una celda en su vida.
Duarte, de 43 años, gobernó Veracruz desde 2010 hasta el 12 de octubre de 2016, cuando dejó su cargo a menos de dos meses de concluir su mandato alegando que así podría atender las acusaciones de corrupción en su contra, pero poco después desapareció.
El veracruzano es el segundo exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Presidente Enrique Peña Nieto en ser detenido en menos de una semana.
Desde hace tres días, las autoridades guatemaltecas y mexicanas seguían de cerca la pista a Duarte, que fue arrestado en torno a las 20 horas en un hotel de Panajachel donde estaba en compañía de su esposa, indicó a la AP Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala. El exdirigente había recibido una llamada de la PGR que decía que estaba localizado y que saliera de la habitación para ser detenido por la policía, agregó.
Duarte salió de forma voluntaria, no iba armado y no se le incautó nada, apuntó el funcionario. Karime Macías Tubilla, la esposa de Duarte, no fue detenida ya que no había ninguna petición en su contra, informó Noriega.
Las autoridades guatemaltecas lo presentaron ante un juez, que lo informó sobre los cargos en su contra y decidió su traslado.
De acuerdo con la prensa, el ingreso de la familia de Javier Duarte a Guatemala por la vía ilegal fue la clave para que las autoridades de ese país, apoyadas por la Interpol y la PGR, detuvieran al exgobernador de Veracruz.
El vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Jorge Aguilar, explicó al diario Reforma que la estadía de la esposa de Duarte, Karime Macías, y de sus tres hijos, Javier, Carolina y Emilio, facilitaron el rastro para lograr la detención en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá.
De acuerdo con el diario, el veracruzano ingresó a Guatemala de manera irregular y recibió ayuda de sus familiares para trasladarse desde uno de los puntos ciegos de la frontera hasta Sololá.
El Hotel La Riviera de Atitlán, donde fue capturado, cuenta con 100 habitaciones, algunas de ellas son apartamentos equipados con sala, comedor, cocina y recámaras «para grupos de familias grandes», describe en su sitio web.
El periodista Joaquín López Dóriga difundió en su cuenta de Twitter una hoja con la lista de pasajeros del avión que salió el viernes de Toluca a Guatemala con hijos y familiares de Duarte detectados por Policía Federal y reportados al CISEN.
Los documentos indican que los pasajeros del vuelo eran: Paulina Rodríguez Macías, José Armando Rodríguez Ayache, Mónica Gritan Macías Jubila, Santiago Rodríguez Macías, Emilio Duarte Macías, Javier Duarte Macías, Carolina Duarte Macías y Maía Virginia Yazmín Jubila de Macías.
Los exgobernadores del PRI
La detención de Duarte llega seis días después de la de Tomas Yarrington, exmandatario del PRI que gobernó el estado de Tamaulipas entre 1999 y 2005 y llevaba prófugo de la justicia de México y Estados Unidos al menos desde 2012. Yarrington, arrestado en Italia el pasado domingo, está acusado de lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y narcotráfico.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también del PRI y acusado de delitos de corrupción, continúa prófugo.
Aunque el caso de Yarrington era el más antiguo, el de Duarte ha sido uno de los más sensibles para la opinión pública por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno, con miles de muertos, desaparecidos y decenas de fosas clandestinas, además de por la impunidad y la corrupción que reinó en la región.
Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares vinculados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos. Al parecer, el exdirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos para adquirir de bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades.
«No tengo cuentas en el extranjero», dijo antes de huir. «No tengo propiedades».
A finales de octubre el PRI expulsó a Duarte y en noviembre la fiscalía federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a su captura.
Conforme a las disposiciones del tratado bilateral en la materia, el Gobierno de México debe presentar formalmente la solicitud de extradición antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde la captura.
Una vez presentada la solicitud, la Fiscalía General de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente, quien resolverá en términos de la legislación de ese país.
La captura de Javier Duarte se produjo apenas seis días después de que la PGR anunciara que Yarrington, Gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, había sido detenido en Italia «gracias a la colaboración» de la institución mexicana con las autoridades del país europeo y en atención a la solicitud presentada por México.
Sin embargo, el 10 de abril la Policía de Italia informó que la detención se efectuó por ser Yarrington «objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial» de Estados Unidos y que el exgobernador fue localizado «en seguimiento a los informes del organismo estadounidense colateral», presumiblemente el FBI.
La aparente falta de acciones para repatriar a Yarrington, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y blanqueo de dinero, entre otros delitos, llevó a algunos medios a especular que el Gobierno no quiere traer al país y someter a juicio a uno de los suyos, pese a que el exgobernador fue expulsado del PRI en diciembre pasado.
Por lo pronto, al parecer el PRI quiso evitar especulaciones similares en relación con Duarte al emitir un comunicado donde expresó «su reconocimiento y respaldo» al trabajo de la PGR en este caso.
También exigió que «se sancione ejemplarmente» al exgobernador y se recupere el dinero y los bienes producto de actividades ilícitas para reintegrarlos al estado.
Las acciones del Gobierno y del Presidente, Enrique Peña Nieto, «acreditan que México está cambiando», aseveró el partido, que se enfrenta al desafío de ganar las elecciones de junio próximo en el Estado de México, el más poblado del país y bastión del oficialismo, consideradas un termómetro de las presidenciales de 2018.
