La CNDH utilizará el recurso de acción inconstitucional para llevarlo ante la Corte, ya que, asegura, propicia la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas
Portavoz Staff
[dropcap]E[/dropcap]n medio de las críticas y preocupación que han manifestado diversos organismos nacionales e internacionales contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado viernes; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) evalúa presentar un recurso legal para llevarlo ante la Corte.
A través de un comunicado de prensa, la CNDH dijo la noche del sábado que considera que la Ley de Seguridad Interior propicia la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas; afecta la estructura y equilibrio entre instituciones; órganos del Estado y poderes, y facilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre los mexicanos, de acuerdo con información retomada de Forbes.
Ante esto, el organismo utilizará el recurso de acción inconstitucional, el cual será presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha acción está protegida en el artículo 105 constitucional.
La CNDH «reitera que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral que (…) se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas», según dicho medio.
Asimismo, mediante su red social, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González hizo un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a formular observaciones al proyecto de ley con base en el artículo 72 constitucional, que establece el Ejecutivo para realizar comentarios, desecharla o regresarla a los legisladores a fin de que sea discutida de nueva cuenta.
«Apelo a que todavía se puede atender esa circunstancia, ya que el propio Ejecutivo de la nación puede también ponderar esa circunstancia pues tiene la facultad de veto a lo que apruebe el Congreso. Ahí hay todavía una posibilidad», señaló González al periódico El Heraldo.
De no llevarse a cabo esa solicitud, informó que «una vez agotado el proceso legislativo de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, tenemos 30 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, desde luego, haremos el análisis constitucional respectivo y ejerceríamos, en su caso, la facultad que nos da la Constitución», sostuvo el ombudsman.
Opiniones y manifestaciones
Por su parte, críticos creen que la Ley de Seguridad Interior posibilitaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abusos por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas, entre otros delitos.
Julio Astillero, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiario Imagen Televisión, opinó que dicha ley es un elemento precipitado y obsesivo que tiene como objetivo distorsionar el proceso electoral, debido a que dentro de seis meses y medio serán las elecciones más grandes del país.
«Sin embargo, desde hoy se está imponiendo una Ley de Seguridad Interior que desde mi punto de vista y de organismos nacionales e internacionales, implica la militarización del país, implica la sustitución grave de los mecanismos civiles de orden y de manejo comunitario por una presencia que es muy impugnable porque los resultados que hemos tenido de la presencia de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y la Policía Federal, que también ha sido militarizada, han sido de múltiples violaciones a derechos humanos, de arbitrariedades y preocupan a muchos mexicanos», expuso Astillero.
Gómez Leyva hizo hincapié en que las Fuerzas Armadas llevan 11 años solicitando esta ley; y que ya se sabe del fracaso de la estrategia del gobierno federal, y de los estatales y municipales.
Julio sostuvo que eso demuestra la ilegalidad en la que se han desempeñado desde diciembre de 2006; «si no hubiese sido ilegal, no se estaría tratando de legalizar ahora; esa continuidad de conductas irregulares antijurídicas e ilegales son resultado de la debacle del poder político».
Añadió que «meter desde hoy la presencia del Ejército puede ser una forma de disuasión, de contención o de distorsión de un proceso electoral». A su vez, dijo que en las dos Cámaras no hay una discusión verdadera sino una construcción mafiosa del poder.
Mientras tanto, la ciudadanía también rechaza la ley; cientos de personas en la Ciudad de México se manifestaron este domingo, en la Estela de Luz, cerca de las 12:45 horas. En los carteles se podía leer «No a la Ley Golpista», «No al Ejército, sí al diálogo», «Un Estado militar es el comienzo de una dictadura genocida», y «Ya basta de hacernos la guerra a nosotros mismos», de acuerdo con información del portal Animal Político.
El recorrido comenzó en Reforma con el objetivo de llegar a Los Pinos, sin embargo en la zona de Chivatito, policías frenaron su recorrido.
Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, organismos internacionales, de la sociedad civil y partidos políticos de oposición advirtieron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad.
Según el portal, la portavoz del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, lamentó la decisión del Congreso.
«Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna», expuso.
FRASE
«Desde hoy se está imponiendo una Ley de Seguridad Interior que desde mi punto de vista y de organismos nacionales e internacionales implica la militarización del país, implica la sustitución grave de los mecanismos civiles de orden y de manejo comunitario por una presencia que es muy impugnable». Julio Astillero. Periodista
