Este resolutivo es el primero en México para procesar a un funcionario de alto nivel por el delito de tortura contra una periodista
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún, en el estado de Quintana Roo, dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el delito de tortura contra la periodista y defensora de de mujeres y niñas, Lydia Cacho Ribeiro.
Este 10 de febrero la organización Artículo 19, que representa legalmente a Cacho Ribeiro, dió a conocer la resolución, la cual calificó de emblemática por ser la primera en México para procesar a un funcionario de alto nivel por el delito de tortura contra una periodista.
En conferencia de prensa desde Cancún, los abogados Luis Knapp Moreno y Araceli Andrade Tonalá, coincidieron en que esta decisión es un paso importante en la búsqueda de justicia para la también activista, quien hace 15 años fue torturada como castigo por revelar la existencia de una red de pornografía infantil que involucraba a empresarios y políticos.
La abogada y consultora, Araceli Andrade, quien fundó y fue presidenta del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), expuso que existen pruebas que acreditan a Mario Marín como autor intelectual de tortura, entre ellas testimoniales, un peritaje realizado a Lydia Cacho en 2016 y la llamada entre Marín y el empresario textilero, Kamel Nacif Borge.
Pruebas de una infamia
A partir de ahora comienza la etapa para que las partes defiendan las pruebas presentadas durante este proceso. Se prevé que sea un proceso largo que podría tardar hasta dos años, dependiendo de las pruebas que entregue el Ministerio Público, los abogados de la periodista y la defensa del político, así como las impugnaciones que haga Marín.
Luis Knapp y Araceli Andrade señalaron que pugnarán por la pena máxima por el delito de tortura, que de acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Quintana Roo, es de 12 años.
El 16 de diciembre de 2005, después de publicar el libro «Los demonios del Edén», donde reveló la existencia de una red de trata de personas, la periodista fue detenida afuera de las oficinas del CIAM, acusada de difamación y calumnia. Policías y agentes privados la arrestaron en Cancún y la trasladaron por vía terrestre a Puebla, un trayecto de más de 20 horas durante el cual fue torturada.
En entrevista con esta agencia, el abogado y director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, expuso que desde 2006 la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, realizó un peritaje a Lydia Cacho, en el cual se acreditó que tenía estrés postraumático, pero que no se podía determinar si era por tortura.
El resultado de aquel estudio, señaló el defensor, fue consecuencia de que se movieran todos los hilos del poder para evitar que el caso avanzara. Es por eso que en 2007 la autora presentó un peritaje independiente que se realizó con base en el Protocolo de Estambul y en el que se comprobó la tortura.
Ante las discrepancias de estos estudios, en 2014 se organizó una junta de peritos a fin de comparar los hallazgos. La resolución de los expertos de la FGR y de los independientes fue que hubo tortura. Esa prueba ya está en el expediente, aunque ahora es probable que Marín pida que los peritos ratifiquen el peritaje y vuelvan a declarar.
Otra prueba clave en contra de Marín, explicó el abogado, es la llamada que diversos medios de comunicación dieron a conocer el 14 de febrero de 2006. Se trata de la conversación en que Nacif agradeció a Marin las gestiones para detener de forma arbitraria a la autora de «Los Demonios del Edén».
El director de Artículo 19 señaló que aunque Marín puede alegar que se trata de una prueba ilícita, días después de que se dió a conocer el audio, Kamel Nacif afirmó públicamente a los medios que solicitó la intervención del gobernador, quien en su opinión actuó con firmeza. Incluso después publicó un desplegado en el que se disculpó por su lenguaje soez de la llamada, es decir, aceptó que hubo la conversación.
En esa llamada Marín dijo: «Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras».
Sobre el auto de formal prisión al exgobernador de Puebla la también autora de 16 libros, escribió en su cuenta de Twitter que seguirá la batalla por la justicia. «El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla».
Continúa red de poder
A la fecha hay dos policías detenidos por su participación en la tortura de la periodista que esperan sentencia; otro que fue sentenciado a cinco años de prisión, pero cuya condena fue impugnada; y hay uno más que ya cumplió una condena de casi seis años y fue liberado en diciembre pasado.
En este contexto, los abogados de la periodista reiteraron el llamado a la Fiscalía General de la República para actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales de la tortura: Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien fuera secretario de Seguridad de Puebla y el empresario Kamel Nacif, quien se encuentra escondido en El Líbano.
Ambos implicados cuentan con orden de aprehensión y con ficha roja de la Interpol. En el caso de Karam Beltrán se sabe que no ha salido del país, pero de acuerdo con Artículo 19 no cuentan con más información.
En el caso de Nacif, los defensores explicaron que México no tiene tratado de extradición con El Líbano, por tanto aquel país no está obligado a detener al empresario. Sin embargo, existen convenios bilaterales y desde 2019 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, de la FGR, y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya solicitaron la detención del empresario.
De los políticos y empresarios expuestos en las investigaciones periodísticas de Cacho, como Miguel Ángel Yunes Linares, Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, a la fecha solo Succar Kuri fue sentenciado por abuso sexual y pornografía. En 2016 fue condenado a 112 años de prisión, pero la pena sigue en revisión.
Otra de las peticiones de los abogados de Lydia Cacho es que se realice una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por la periodista y que las autoridades, de todos los niveles de gobierno, combatan la impunidad en delitos contra la libertad de expresión y garanticen condiciones para la no repetición.
Además, previo a conocer esta resolución, Artículo 19 exhortó al Poder Judicial de la Federación a conducirse con imparcialidad y brindar las debidas garantías de seguridad a jueces y magistrados que revisarán el caso. Esta exigencia, explicó Leopoldo Maldonado, se hizo porque saben que las redes de poder mueven su capacidad corruptora para continuar con la impunidad.
«Estamos hablando de gente que, como Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, pertenecen la delincuencia organizada trasnacional, que además tienen protección política de alto nivel, entre ellos, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes (Yunes Linares, exgobernador de Veracruz), por eso hacemos ese llamado». Expuso que también piden a la Judicatura establecer medidas de seguridad para los operadores de justicia.
Gamboa Patrón y Yunes Linares han sido señalados por la periodista como protectores de los empresarios involucrados en la red de corrupción de menores que reveló en 2005.
