El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa, sostuvo que la infiltración de recursos de dudosa procedencia es una amenaza constante en el desarrollo de los procesos electorales y no un riesgo surgido de la eliminación del financiamiento público a partidos políticos
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]P[/dropcap]or unanimidad, el Congreso del Estado eliminó los financiamientos públicos a partidos políticos para la próxima contienda electoral 2018 y los asignó a los damnificados del sismo del 7 de septiembre.
La causa fue buena, sin embargo, especialistas advirtieron sobre los riesgos de eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos políticos, no sólo porque podría significar un retroceso democrático al dejar en ventaja a algunos cuantos partidos, sino que, además, sustituir dicho financiamiento con el privado expondría intereses de grandes empresarios y los partidos políticos podrían recibir recursos de dudosa procedencia.
Los expertos coinciden pero los integrantes de la LXVI Legislatura aseguran que dichos riesgos existían incluso, antes de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el numeral 12 y se adicionan los numerales 12 y 14 del Artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, dijo que la infiltración de dinero ilícito siempre ha sido una amenaza en el desarrollo de los procesos electorales pero que para evitar que eso ocurra, «confía plenamente en el poder de las instituciones».
«Creo en la fuerza de las instituciones y creo en ellas porque hay mecanismos que nos ayudan a tener controles muy bien establecidos como lo ha hecho el INE para regular este tipo de amenazas», afirmó.
Por su parte, la diputada Cecilia López declaró que la intervención de financiamiento de «oscura procedencia» puede evitarse con el trabajo de las instituciones y, desde luego, de la ciudadanía.
Señaló que la responsabilidad y obligación de evitarlo es también del Tribunal Federal Electoral, que debe estar pendiente ante las actitudes de la ciudadanía en tanto que la ciudadanía, por su parte, tendrá la responsabilidad de denunciar oportunamente cualquier observación dudosa de los candidatos.
«Es el Tribunal el que deberá hacer su trabajo en el momento», agregó la diputada.
Cabe señalar que el costo de los daños y la reconstrucción en el estado aún no se ha cuantificado con precisión aunque se estima que será un aproximado a los 37 mil millones de pesos.
