“La democracia es cara”, es una de las expresiones más comunes en las pláticas de personas interesadas en los asuntos públicos. “Las campañas cuestan demasiado”, “Los políticos gastan demasiado” o “El INE tiene mucho presupuesto”, son otras de las frases que se escuchan cuando se aborda el tema del costo de las elecciones en México. Generalmente, se responsabiliza de lo anterior a la autoridad más visible: el Instituto Nacional Electoral, pero ¿el árbitro es el que gasta o despilfarra el dinero?
Dos son los actores fundamentales de la democracia mexicana: la ciudadanía y los partidos políticos. La primera, en tanto conjunto de personas libres que se organizan para participar e incidir en los temas colectivos, ya sea con el voto o involucrándose de forma más decidida, por ejemplo, con la membresía en alguna asociación civil o la militancia en un partido. Ellos, los partidos, por su parte, son entidades relevantes del sistema democrático ya que median la voluntad de la ciudadanía en la conformación de los órganos del Estado. La democracia representativa tiene en estas organizaciones su base.
La ciudadanía, para su existencia, tiene sus propios recursos, su esfuerzo cotidiano honesto y la convicción de que cada día le irá mejor; los partidos, por el contrario, reciben cantidades inmensas de dinero público. La literatura politológica y jurídica es vasta en torno a discutir los beneficios y prejuicios, riesgos y problemas de darles dinero del Estado, quitárselo, determinar un porcentaje de dinero público y otro proveniente de fuentes privadas; en fin, hacer que consigan sus propios fondos con su militancia.
Con todo, en México la fórmula es mixta, aunque con predominancia de dinero público. La fórmula, consignada en la Constitución Política, es la siguiente: número de personas inscritas en el padrón electoral multiplicado por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La cantidad se distribuye entre todos los partidos con registro nacional. El 30 por ciento se asigna de forma igualitaria y el 70 restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputaciones inmediata anterior. En año electoral en donde se renueve la Presidencia de la República, la gubernatura de algún estado, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las dos cámaras del Congreso o algún congreso local, cada partido recibirá para gastos de campaña el 50 por ciento de financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, tal como lo establece el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Los partidos políticos, recibirán, las siguientes cantidades para los rubros que siguientes:
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, $6,609,787,227.00; gastos de campaña para partidos políticos nacionales, $3,304,893,614.00; gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes, $66,097,872.00; actividades específicas, $198,293,617.00; franquicia postal, $264,391,491.00, y franquicia telegráfica, $693,490.00 Estas cantidades dan un total de $10,444,157,311.00
El modelo de financiamiento existente en México, en donde predominan los recursos públicos es una de las fortalezas de la democracia y un logro del proceso de democratización. Con él, se ha avanzado de forma sustantiva en la equidad, la transparencia y fiscalización, y la legalidad. Por supuesto, hay tareas pendientes vinculadas al perfeccionamiento del uso de recursos ilegales y de las formas para hacer contabilidad creativa.
Considerando los agudos y variados problemas que tiene el país; en particular, la desigualdad que ofende y lastima, destinar una cifra tan grande para las actividades de los partidos es un despropósito.
Se requiere disminuir el costo de las campañas de las actividades partidistas, teniendo presente, claro, que es más caro que el Estado se retraiga de la tarea de financiamiento. ¿Quiénes deberán aprobar una eventual reforma para utilizar menos dinero? Los legisladores; es decir, los mismos partidos. ¿Dejarán la gallina de los huevos de oro (el presupuesto federal)?
