La mayoría oficialista sacó adelante una reforma electoral acotada que la original: reduce regidurías, recorta gasto legislativo local y topa salarios electorales; ahora la disputa pasa a los estados
AquíNoticias Staff
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado “Plan B” de reforma electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión que cerró de madrugada y que volvió a exhibir el nivel de confrontación entre oficialismo y oposición rumbo al ciclo electoral de 2027. En la votación general, el dictamen reunió 377 votos a favor y 102 en contra; en lo particular fue avalado con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. Movimiento Ciudadano acompañó el proyecto en lo general, pero votó en contra en la fase final.
Con ese aval, la minuta fue turnada a las legislaturas estatales y al Congreso de la Ciudad de México. Para alcanzar rango constitucional necesita el respaldo de al menos 17 congresos locales.
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre sus ejes centrales establece que los ayuntamientos deberán integrarse por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías; fija que los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal; y prohíbe que consejeros y magistrados electorales perciban remuneraciones por encima del límite constitucional o contraten seguros y prestaciones adicionales con recursos públicos.
El dictamen también incorpora un régimen transitorio para aplicar los cambios de forma progresiva, obligar a la armonización legislativa a más tardar el 30 de mayo de 2026 y reasignar los ahorros presupuestales a obras de infraestructura y programas sociales.
La minuta llegó a San Lázaro después de que el Senado la aprobó el 26 de marzo, pero ya con un ajuste político de fondo: se eliminó la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027, de modo que ese mecanismo se mantendría para 2028. Ese recorte reveló desde antes el verdadero tamaño de la reforma: no una reingeniería del sistema electoral, sino una versión más limitada, negociada incluso con tensiones dentro del propio bloque oficialista.
El debate fue ríspido. Morena defendió la reforma como una medida contra privilegios y a favor de la austeridad. El diputado Leonel Godoy sostuvo que lo aprobado era un rechazo a “los privilegios” y lanzó a la oposición que no habría plan que le gustara “ni el A, ni el B, ni el C, ni el Z”. La respuesta opositora llegó con el mismo tono: Germán Martínez acusó a Morena de “narcopolíticos”, mientras PAN, PRI y MC insistieron en que la propuesta no nació del consenso, no toca problemas de fondo y se queda corta frente a una discusión estructural del sistema democrático.
Más allá del cruce de insultos, el dato político de fondo es otro: la presidenta conseguirá cambios constitucionales en materia electoral, pero con un alcance muy inferior al horizonte que se perfiló al inicio del proceso. El “Plan B” avanza, sí, pero lo hace reducido a ajustes sobre representación municipal, gasto legislativo local y austeridad electoral. La batalla siguiente ya no estará en el pleno de San Lázaro, sino en los congresos estatales.
