Lograron que en enero los recontrataran (no así la retribución económica de esa mensualidad), además, les advirtieron que la prestación de sus servicios estaría contemplada por un tiempo menor que en años anteriores (hasta octubre) para no recibir bono decembrino. A estas fechas y concluido el primer trimestre de 2017, sólo han cobrado lo correspondiente a febrero, aunque su trabajo ha sido ininterrumpido y el instituto rebose de «aviadores»
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]A[/dropcap] pesar que sus aportaciones al campo de la educación bilingüe han sido reconocidas con el Premio «Rey Sejong» 2011 que otorga la Unesco, las «figuras solidarias» empleadas en el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos —a cargo de Ariosto González Borralles— han afrontado tratos discriminatorios, indefensión laboral y el impago de sus gratificaciones.
En entrevista para Portavoz, una comitiva representante integrada por miembros con 10 años —en promedio— de prestar sus servicios al Icheja, denunció la serie de irregularidades que se gestan al interior de esta institución y confirmaron la existencia de «aviadores» dentro de la plantilla laboral.
Su suplicio comenzó a finales del año pasado. En diciembre esperaban lo que se denomina «pago único» que equivale a 40 días de trabajo; este recurso se los han otorgado de forma anual en el mismo periodo, sin embargo, en esta ocasión concluyó el mes sin que ellos vieran un centavo de este dinero. Por la presión que ejercieron, desde las oficinas del Icheja les pidieron esperar, así fue que a mediados de enero les otorgaron sólo 3 mil pesos por concepto de este estímulo.
Ese mismo mes los invadió la incertidumbre pues se encontraron con que tal vez perderían su empleo. Ante la dependencia educativa gestionarían su recontratación —cada año deben renovar el convenio de prestación de servicios— pero les informaron que el Icheja no estaba efectuando contrataciones y era probable que se aceptaran ofertas en tres meses posteriores; no obstante, había un calendario y metas de trabajo por cumplir.
De nueva cuenta ejercieron presión para la resolución de este conflicto, en tanto continuaron con su labor alfabetizadora con los adultos en diversas comunidades del estado, a quienes —refirieron— no podían dejar abandonados y mucho menos truncar sus avances en el terreno educativo.
Lograron que en enero los recontrataran; no así la retribución económica de esa mensualidad, además, les advirtieron que la prestación de sus servicios estaría contemplada por un tiempo menor, hasta octubre. Aducen que ello es para que este año no reclamen el «pago único» que recibían en diciembre.
No hay recurso, dicen
A estas fechas y concluido el primer trimestre de 2017, sólo han cobrado lo correspondiente al mes de febrero, aunque su trabajo ha sido ininterrumpido. Cuestionados respecto a las razones que les han presentado ante la falta de pago, refirieron que simplemente les argumentan que no hay solvencia.
—El mes de enero no nos pagaron… Sólo un mes hemos cobrado, que es el mes de febrero.
—¿Les han dicho por qué?
—Dicen que porque no hay presupuesto, no hay dinero.
—Esta situación nos está llevando a la quiebra; nosotros no somos de acá, rentamos, pagamos luz, agua, todo… Venimos de diferentes municipios, de Chilón, Chicomuselo, Ocosingo, El Bosque, Palenque.
Según las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA), el pago para «figuras solidarias» en las entidades proviene de los recursos federales asignados a los ramos 11 y 33. El acuerdo, a la letra dice: «Los recursos presupuestales del Ramo 11 serán complementarios a los que los IEEA tengan autorizados en el Ramo 33, y se ministrarán mensualmente de acuerdo con el calendario autorizado por el INEA y formalizado en los convenios referidos».
Es decir, se trata de recursos federales que ya fueron destinados para tal fin y el Icheja sólo debe redistribuirlos cada mes. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2017 para Chiapas, a este instituto se le etiquetaron 278 millones 834 mil 149 pesos, una cantidad superior por más de 63 millones al del año pasado, cuando recibió 215 millones 626 mil 755.
Afrontan discriminación
Esta falta de gratificaciones los ha llevado a «una procesión» que no acaba pues acuden al patronato —que vincula a las «figuras solidarias»â€” para pedir celeridad a las retribuciones y de ahí les dicen que es asunto concerniente al departamento de Planeación y Seguimiento Operativo, a cargo de Marcelino Loredo Huerta.
Ahí es donde han afrontado situaciones de discriminación. Se han presentado en las oficinas y a los de extracción indígena los han humillado; no especificaron nombres o cargos de victimarios, pero aseveraron haber recibido comentarios despectivos, les dicen que «apestan» y evitan pasar cerca de ellos; a los que han sido insistentes en la lucha por sus derechos laborales, los han tachado de «revoltosos».
Horas transcurren y no son atendidos a pesar que tras su toma de posesión, González Borralles personalmente les aseguró que tendría una política de puertas abiertas, que siempre serían bienvenidos y sostendrían conversaciones respecto a los temas que les generaran inquietudes. Si al principio los recibía, ahora el titular apenas lo ve, ingresa a su oficina y se excusa en reuniones interminables para después postergar su atención al siguiente día, al otro, al que sigue y así pueden pasar varios días.
El mismo trato han recibido por parte de Loredo Huerta; no da la cara, pospone reuniones o manda a un auxiliar para atenderlos sin que les proponga soluciones, acusaron los inconformes.
—El 5 de abril fuimos al departamento de Planeación a hablar con el responsable, el licenciado Marcelino y en ese momento nos dijo que el pago iba a salir antes del puente pero no fue así. De nuevo acudimos y dijo que el archivo ya está en Informática y allá nos dicen que hay un proceso; ese no es el problema, conocemos el proceso.
Una vez generada en el departamento de Planeación, la lista de nómina se turna al departamento de Informática, que debe enviar la relación al Instituto Nacional para Adultos. El mismo acuerdo por el que se emitieron las Reglas de Operación del Programa INEA —publicado en el Diario Oficial de la Federación— dicta que los tipos y montos de los apoyos económicos para figuras solidarias «debe contar con una recomendación técnica favorable de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación del INEA, y la aprobación de la Junta de Gobierno Estatal, en el caso de los IEEA».
Después de este paso, la lista regresa al departamento de Informática del Icheja, que a su vez la turna al patronato, cuya obligación es distribuir los montos a través del sistema Telecom a todos los municipios donde haya presencia de «figuras solidarias». Los plazos en caso de retraso no deberían sobrepasar los tres días; en este caso van 20, indicaron los denunciantes. Aunado a ello, no reciben notificación alguna de cuando se concreta el depósito monetario.
—Le hemos remarcado siempre al licenciado Marcelino que seamos serios en estas cosas porque no somos de acá, incluso por la seriedad del trabajo que hacemos como traducciones, interpretaciones, spots en las cinco etnias: tseltal, chol, tsotsil, tojolabal, zoque. Hemos elaborado libros de educación para adultos. Todo eso es un compromiso, implica seriedad, honestidad y responsabilidad de todos. Si el que te paga no te cumple, pues cómo vas a cumplirle lo que te exige.
Invisibilizan su esfuerzo
El trabajo que han efectuado para el Icheja ha rendido frutos y la misma institución ha hecho eco de los resultados. En 2011, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) fue galardonado con el Premio «Rey Sejong» por su programa de Alfabetización Bilingüe, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, en Nueva Delhi, India.
En específico, la Unesco reconoció a Chiapas por la aplicación del programa Modelo Indígena Bilingüe (MIB), un programa educativo para la atención de las personas jóvenes y adultas de 15 años y más hablantes de lenguas indígenas, dice el boletín emitido por el Icheja.
«El MIB es una vertiente educativa bilingüe, conformada por cinco módulos básicos, que alfabetiza en la lengua materna indígena e introduce desde el principio el aprendizaje del español, con tratamiento de segunda lengua», se lee en el documento.
El material al que hace referencia ese extracto fue elaborado por «figuras solidarias» con base en las deficiencias que detectaron a través de su labor de campo en las comunidades, y ante la necesidad de comunicar los contenidos didácticos a los adultos que serían alfabetizados. Su trabajo ha servido de prototipo a replicar en otros estados con población mayoritariamente indígena en la República, en particular del Sur.
Pese a estos reconocimientos a nivel internacional, nadie les avisó del premio, dijeron. «¿Sabe dónde estábamos nosotros cuando lo entregaron? En el campo, trabajando», expresó uno de los denunciantes. Acusaron que la ocasión fue aprovechada para que una funcionaria fuera a vacacionar a aquel continente; se invisibilizó a los que verdaderamente hicieron posible esos logros, y otros «se pararon el cuello» con trabajo ajeno.
A nivel nacional, desde ese año se ha trabajado en el logro de metas; ese año, 2 mil 25 personas de comunidades indígenas concluyeron el proceso de alfabetización a través del MIB. En el caso de Chiapas, uno de los declarantes comentó que este año se implementó el trabajo por metas.
—Nos ponen metas qué cumplir, nos dicen qué hay qué hacer; nosotros cumplimos y nuestro pago no aparece.
—Las figuras, los enlaces, los formadores especializados preguntan, si este mes por ejemplo deben implementar cierto curso, cómo van a trasladarse, con qué dinero. Y no porque ahora no nos han pagado no estamos haciendo lo que deberíamos, sí estamos cumpliendo y con gusto pero se haría con mucho más gusto y ánimo si nos pagaran lo que por derecho nos corresponde.
Violaciones al amparo de la ley
Ese ha sido el caso de algunos de sus compañeros de Ocosingo, a quienes se les estipuló labores a poner en marcha pero necesitan su gratificación para visitar a los adultos. A los enlaces educativos se le dijo que van a capacitar a los asesores, tampoco se les ha pagado y el tiempo para cumplir la meta sigue corriendo.
Las figuras solidarias afrontan, además, la indefensión laboral. El hecho que deban renovar o gestionar su recontratación cada año no les permite generar antigüedad; a lo que firman ni siquiera se le denomina contrato, sino que se trata de una «solicitud» que ingresan al patronato —que resulta ser una asociación civil—, el cual a su vez los vincula al Icheja; de esta forma, ni el instituto ni el INEA adquieren ningún tipo de responsabilidad contractual con los que prestan sus servicios. A los admitidos para colaborar tampoco se les proporciona copia alguna de la solicitud que ingresan, «ni firman nada», como para que comprueben la relación laboral o el tiempo que han prestado sus servicios, no tienen derecho a prestaciones, prima vacacional o aguinaldo. Todas estas vejaciones se cometen al amparo de la ley.
El acuerdo anteriormente citado en este trabajo, expedido por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, contiene un «convenio específico de colaboración» que en su cláusula «Décima Primera» habla acerca de la relación laboral.
Ahí se aclara: «Queda expresamente estipulado que el personal técnico y administrativo que participe por parte de «el instituto» en la realización del objeto de este convenio, continuará bajo su dependencia directa y, por lo tanto, dicho personal no tendrá relación alguna de carácter laboral con «el inea», quedando éste liberado de cualquier responsabilidad que pudiere presentarse en materia de trabajo y seguridad social.
«En consecuencia, «el instituto» cubrirá, en su caso, los gastos de transportación y viáticos de su personal que intervenga en el desarrollo de los servicios y proyectos de trabajo que se deriven del cumplimiento del convenio». En el modelo de convenio de colaboración que para el desarrollo del Programa Educación para Adultos, celebrarían el Icheja y el patronato, se establece que éste último es una asociación civil legalmente constituida que tiene entre sus fines sociales apoyar la política que oriente a la educación de los adultos.
Por tanto, se obliga a «aceptar la colaboración de personas físicas o morales interesadas en participar en la promoción, asesoría, financiamiento, y en general, en las actividades de educación para adultos, ya sea en forma voluntaria como un acto de solidaridad social, para el cumplimiento del servicio social o para la prestación de servicios profesionales independientes por honorarios». Esto evita cualquier compromiso laboral con las «figuras solidarias».
Asimismo, el patronato —estipula el modelo de convenio— es el organismo obligado a gestionar ante el Icheja de forma oportuna la entrega de los recursos económicos necesarios «para el cumplimiento de las obligaciones». No obstante, advierte que la entrega estará sujeta a las disponibilidades presupuestales de instituto.
Presencia de «aviadores»
Si quienes «timonean» el Icheja se escudan en que no hay dinero, hay poco que las «figuras solidarias» puedan hacer. Respaldados en este argumento de insolvencia económica, el Icheja fraguó el despido de más de 400 trabajadores no sindicalizados, en enero pasado, cuando fueron citados para recibir su liquidación en las oficinas de la Coordinación Regional Centro.
Esto mantiene la molestia de las propias «figuras solidarias», pues consideran injusto que personas pierdan su única fuente de sustento cuando desde el departamento de Planeación y Seguimiento Operativo se consienta la presencia de «aviadores».
Relataron que antes de la llegada de Ariosto González Borralles a la titularidad del Icheja, las «figuras solidarias» distribuidas por microrregiones podían constatar quiénes permanecían en la lista o nómina, pues las relaciones eran exhibidas cada vez que debían acudir a las oficinas por el trámite del pago. Adherían las hojas en las paredes y así podían ver sus nombres, sus folios y la de sus compañeros activos.
Cuando comenzaron a percatarse de nombres «ajenos», de personas desconocidas y que nadie en ninguna de las microrregiones ubicaba y en el peor de los casos, no existía, lo manifestaron. Ante el incremento de las suspicacias, en el Icheja retiraron las listas y nunca más se volvieron a exhibir; para cada una de sus inquietudes, se encuentran con pared, pero están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en la defensa de sus derechos, advirtieron.
