México es abierto, tolerante, incluyente, diverso. No es falso. Basta ver la composición lingüística nacional para confirmar que, en efecto, el país es un mosaico cultural en donde conviven formas diversas y complementarias de ser parte de una Estado que en 2024 conmemora 200 años de haber optado por el federalismo tanto en la distribución del poder como en la organización territorial.
Sin embargo, también es cierto que en México la discriminación y la exclusión es notoria. Dos de cada diez personas mayores de 18 años han sufrido algún tipo de discriminación. ¿Cómo es esto posible en el siglo XXI? Se discrimina por motivos de género, raza, género, orientación sexual, en fin, casi cualquier elemento que no forme parte de la “normalidad hegemónica” es motivo para ello.
Discriminar es una forma de perpetuar formas de dominación de unas personas sobre otras con el argumento de que “los otros” y “las otras” no son “iguales a mí”, por lo que no se les reconoce como pares. Veamos algunos datos: en 2017, la Encuesta Nacional sobre Discriminación registró que tres de cada diez personas han sido señaladas o marginadas por su vestimenta, arreglo personal o por usar tatuajes; una cifra similar ha sufrido discriminación por su peso o estatura, y el 28.7 por ciento por las creencias religiosas que posee. Para 2022, mediante un estudio similar llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se pudo ver que este fenómeno no había disminuido, sino que, por el contrario, aumentó 3.7 puntos.
Las entidades federativas que tuvieron un porcentaje más elevado fueron Yucatán (32.1 por ciento), Puebla (30.6 por ciento), Querétaro (30.5 por ciento), Ciudad de México (29.6 por ciento), Jalisco (27.1 por ciento), Guerrero (26.7 por ciento) y Oaxaca (26.7 por ciento). Por su parte, los estados en donde acciones de esta naturaleza se registraron en menor medida fueron: Colima (20 por ciento), Chihuahua (19.6 por ciento), Chiapas (18.9 por ciento), Campeche (18.5 por ciento), Nuevo León (18.4 por ciento), Nayarit (17.9 por ciento), Sonora (17.5 por ciento) y Sinaloa (13.8 por ciento).
No basta con prohibir la discriminación, como lo establece la Constitución mexicana, o tener instituciones en la materia, como el CONAPRED y sus correspondientes estatales; se requiere un cambio en la manera de entender la composición de la sociedad y las relaciones que sus miembros entablan entre sí.
La acción de discriminar vulnera el pacto social que es construido, precisamente, entre personas que se reconocen como iguales sin negar sus desemejanzas. Deteriora la democracia porque exacerba las diferencias, incentivando la polarización, el desencuentro y la división entre comunidades hacia afuera y hacia adentro.
Por vez primera, México tendrá una mujer presidenta. Ella rompió el techo de cristal. ¿Qué tanto su gobierno estará comprometido con una política integral que revierta comportamientos discriminatorios de y en instituciones y personas? Esperemos que mucho.
