La Conavim estimó, en su declaración de alerta de violencia de género, que existe un desinterés del Congreso del Estado de Guerrero para legislar a favor de las mujeres
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México.- Pese a la negativa del Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, Jesús Parra, las y los diputados que integran esta comisión discutieron y elaboraron un dictamen para que el pleno discuta la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
La Red Feminista «Revolución Violeta» Acapulco informó en conferencia de prensa que este 28 de abril la secretaria de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, la diputada Beatriz Mojica Morga, llamó a sesionar para discutir la iniciativa que se presentó el 13 de enero pasado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestiación y para homologar la Norma Oficial Mexicana-046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres) con el Código Penal del Estado.
No obstante, denunció la Red Feminista, el presidente de la Comisión, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Parra García, se negaba a sesionar con el objetivo de impedir la discusión de esta iniciativa.
La Red aseguró que aunque el dictamen debía discutirse por ley en un plazo de 30 días, este análisis se postergó hasta cuatro meses por la falta de voluntad política de los diputados que se han mostrado en contra de ella.
Minutos después de la conferencia de prensa, la Red informó en sus redes sociales que finalmente la sesión sí pudo llevarse a cabo y que se había elaborado el dictamen para que el pleno posteriormente discuta esta iniciativa.
Esta iniciativa fue presentada por las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Nora Velázquez y Citlali Calixto. Con ella se busca reformar el Código Penal de la entidad para que sólo se castiguen las interrupciones del embarazo cuando ocurran después de las primeras 12 semanas de la gestación, y que las penas contra las mujeres que sobrepasen este límite disminuyan para que queden de entre quince días a dos meses de tratamiento en libertad, así como la aplicación de medidas educativas (consistentes en procesos de sensibilización sobre métodos anticonceptivos) y de salud, con respeto a sus Derechos Humanos. También propone la disminución de penas para quien ayude a abortar a la mujer con su consentimiento, y se incluya la palabra «personas gestantes».
Es de recordar que desde 2020, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó una segunda alerta para Guerrero por agravio comparado, con lo que la entidad está obligada a «adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia para garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente a la salud sexual y reproductiva».
Entre otras cosas, el Grupo de Trabajo que elaboró el informe en el cual se basó la Conavim para esta declaratoria denunció el desinterés por parte del Congreso para legislar a favor de los derechos de las mujeres.
La Red Feminista señaló que la iniciativa cumplía con los estándares establecidos para ser discutida, además de que era acorde con la reciente resolución de la Suprema Corte, quien dijo en 2021 que la penalización del aborto era inconstitucional porque violentaba los derechos de las mujeres.
La Red también precisó que son acompañantes de mujeres que vivieron violencia sexual y que desean interrumpir sus embarazos pero que no consiguen acceder a estos servicios, muchas de ellas, dijeron, son mujeres en condición de pobreza, violencia familiar y habitantes de las comunidades de Guerrero.
