La economía mexicana necesita una estrategia fiscal para reducir los déficits y la deuda, incrementar los ingresos tributarios para fomentar inversiones en capital humano y físico; esto requiere una reforma tributaria integral al inicio del nuevo gobierno que busque reducir el déficit, fije las prioridades de gasto público y corrija las desigualdades en el sistema de pensiones.
Esa es una de las recomendaciones emitidas por una misión de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente visita a nuestro país. El reporte afirma de forma directa que la actividad se está desacelerando, lo cual tendrá un doble impacto tanto en el crecimiento como en la inflación que se espera alcance la ansiada meta del 3% proyectada por el Banco de México.
Entre los factores que podrían afectar el PIB está un crecimiento más débil de lo previsto en Estados Unidos, la aversión mundial al riesgo y efectos inesperados de las recientes reformas institucionales. El personal técnico del FMI reconoce que las reformas en materia judicial generan incertidumbre en el cumplimiento de los contratos y el estado de derecho.
Subraya por otro lado, la oportunidad que tiene México de relanzar sus vínculos económicos con EU gracias a la reconfiguración de las cadenas globales de valor; para ello propone reformas regulatorias, mejorar la inversión pública que mitigue los cuellos de botella en infraestructura (el caos en la descarga de mercancía en el puerto de Manzanillo lo ilustra bien), un suministro más confiable de energía y agua y aumentar la participación laboral de las mujeres.
Advierte que al cierre de 2024 la deuda bruta del sector público alcanzará el 58% del PIB, que, según el organismo financiero responde al aumento del gasto en grandes proyectos de infraestructura, los salarios, las pensiones y el gasto social, un entorno que podría agudizarse por el apoyo adicional a Pemex.
El presupuesto de 2025 (que se enviará al Congreso el 15 de noviembre) debería centrarse en reducir el gasto fiscal y reevaluar las tasas de impuestos como el ISR, racionalizar el gasto, incluidas las excepciones fiscales, y mejorar la administración tributaria.
Para impulsar la inversión y la creación de empleo, se sugiere el combate a la corrupción y el crimen organizado porque daña el clima de negocios y compromete la previsibilidad del estado de derecho. El conjunto de reformas a la gobernanza debe considerar “una mayor eficacia por parte de las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción” y la salvaguarda de la independencia judicial.
Esta semana el FMI sostiene su reunión anual de otoño en Washington. En el marco de ese encuentro, publicó ayer las perspectivas de la economía global. Pronostica que el PIB mundial será del 3.3% este año y 3.2% en el siguiente. Para México muestra una clara desaceleración: anticipa que la economía nacional será del 1.5% al cierre de este año y del 1.3% en 2025, algo que no se esperaba.
Más allá de los riesgos que cita, el informe observa un amplio espacio de posibilidades para fortalecer las finanzas públicas y el sistema financiero. Bien harían las autoridades y el sector privado en definir las metas que se orienten al logro de esos objetivos mediante inversión en obras clave, incorporando a las mujeres y combatiendo con eficacia la corrupción y la delincuencia.
