El gobernador de Chiapas anunció que impulsará una ruta legislativa para que corporaciones estatales puedan portar armamento de alto poder. La propuesta coloca en la agenda pública el modelo de seguridad, los controles institucionales y la confianza ciudadana
AquíNoticias Staff
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado con el objetivo de que, en caso de ser aprobada, se envíe un proyecto de decreto al Congreso de la Unión que permita a las corporaciones de seguridad pública estatal portar armas de muy alto poder.
El planteamiento fue dado a conocer a través de una publicación en Facebook, donde el mandatario expresó de manera textual:
“Voy a presentar una iniciativa al Congreso del Estado para que, a su vez, en caso de ser aprobada, se presente el proyecto de decreto al Congreso de la Unión para que nuestras corporaciones de seguridad puedan portar armas de muy alto poder y sea la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento para hacerle frente a la delincuencia y, de esa forma, seguir garantizando la tranquilidad y la paz del pueblo de Chiapas.”
De concretarse, la propuesta colocaría a Chiapas como la primera entidad del país en promover este esquema para sus corporaciones estatales, lo que implicaría ajustes al marco normativo federal que regula el uso y portación de armamento por parte de cuerpos de seguridad.
El anuncio se inscribe en la estrategia del Ejecutivo estatal para reforzar la capacidad operativa frente a la delincuencia, pero también introduce un elemento de mayor alcance: lleva la discusión de la seguridad pública del plano operativo al plano legislativo y constitucional, al requerir la intervención del Congreso de la Unión.
Más allá del anuncio, la propuesta detonó una conversación pública amplia en redes sociales, donde el eje del debate se desplazó hacia preguntas estructurales sobre el modelo de seguridad en la entidad. En ese intercambio digital emergieron preocupaciones relacionadas con la profesionalización de las corporaciones, la necesidad de mecanismos de control interno y rendición de cuentas, así como los límites en el ejercicio de la fuerza pública.
En ese sentido, el planteamiento del gobernador no solo abre una ruta legislativa inédita, sino que reactiva una discusión de fondo sobre cómo debe fortalecerse la seguridad pública: con qué herramientas, bajo qué reglas y con qué salvaguardas institucionales para preservar la confianza ciudadana.
El futuro de la iniciativa dependerá ahora del debate en el Congreso local, y eventualmente del análisis que pueda realizarse a nivel federal, en un contexto donde la seguridad continúa siendo uno de los temas más sensibles para la sociedad chiapaneca y para el país.
