El mandato de Claudia Sheinbaum comienza con presiones. Estados Unidos busca revertir el decreto que defiende al maíz mexicano. ¿Cederá la nueva presidenta, especialmente cuando está en juego el T-MEC?
Aquínoticias Staff
Presiones comerciales desde el Congreso estadounidense comienzan a marcar la agenda para la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, incluso antes de que asuma formalmente el cargo. A escasas horas de su investidura, legisladores de Estados Unidos ya han emitido sus preocupaciones sobre uno de los temas más espinosos del legado de Andrés Manuel López Obrador: las restricciones impuestas por México al maíz modificado genéticamente. A través de una carta dirigida a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y Tom Vilsack, secretario de Agricultura, congresistas encabezados por el republicano Randy Feenstra expresaron su inquietud por la prohibición mexicana sobre este tipo de maíz, que afecta directamente a los agricultores estadounidenses.
La carta destaca que la controversia no es nueva, sino que comenzó formalmente en febrero de 2023 con un decreto presidencial que modificó una medida de 2020. Este decreto impuso restricciones inmediatas al uso de maíz biotecnológico en la producción de masa y tortillas en México, con el objetivo final de eliminarlo completamente en todos los productos para consumo humano y animal. La medida ha generado tensiones entre ambos países, sobre todo considerando que más del 90% del maíz cultivado en Estados Unidos proviene de variedades transgénicas, lo que ha creado una gran incertidumbre para los agricultores y empresas estadounidenses.
El maíz transgénico ha sido un pilar de la agricultura estadounidense, y las cifras lo respaldan: en 2023, más del 90% de los cultivos de maíz en Estados Unidos correspondían a este tipo de variedades genéticamente modificadas. Esto representa una industria que genera miles de millones de dólares al año y que, según los congresistas, se ha visto comprometida por las políticas mexicanas. Los legisladores insisten en que la comunidad científica internacional ha avalado la seguridad de estos cultivos tanto para el consumo humano como para la vida animal y vegetal, y que México, en su momento, formaba parte de esta comunidad de consenso.
La disputa también toca una fibra sensible en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que se refiere a uno de los principales productos de exportación de Estados Unidos hacia México. Durante años, México ha sido uno de los mayores compradores de maíz estadounidense, importando aproximadamente 17 millones de toneladas anuales, lo que representa el 25% de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. Cualquier medida que afecte este flujo comercial podría tener repercusiones económicas importantes para ambos países. «Este decreto ha creado una enorme incertidumbre para nuestros agricultores, empresas y desarrolladores de semillas desde el decreto original en 2020», escribieron los congresistas, haciendo eco de las preocupaciones de una industria que depende en gran medida de las exportaciones a México.
La carta subraya también la urgencia de que el gobierno de Sheinbaum aborde estas preocupaciones de manera efectiva y rápida. «Esperamos que trabajen con la presidenta Sheinbaum y su administración para resolver esta disputa», se lee en la misiva, subrayando la importancia de mantener el acceso al mercado mexicano para el maíz estadounidense y la biotecnología agrícola. Los congresistas instan a la futura mandataria a encontrar una solución que garantice el flujo continuo de este importante insumo agrícola.
La presión no solo llega desde el Congreso de Estados Unidos, sino que también está alineada con los intereses económicos de una industria que tiene un impacto directo en el empleo y la economía rural estadounidense. En un escenario global donde las disputas comerciales pueden tener efectos en cadena, la resolución de esta controversia será crucial para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, así como para el desarrollo del sector agrícola en ambos lados de la frontera.
El gobierno de López Obrador argumentó que la prohibición del maíz transgénico se basa en la soberanía alimentaria y en proteger la salud pública, además de promover prácticas agrícolas más sostenibles. Sin embargo, la postura científica que avala la seguridad de los organismos genéticamente modificados, adoptada por múltiples organismos internacionales, complica el debate. La entrada de Claudia Sheinbaum en la presidencia podría marcar un nuevo rumbo en este conflicto, pero el camino para resolverlo será desafiante, y las expectativas ya están fijadas desde Washington.