Antes de que la iniciativa llegue al Congreso, el órgano electoral presentó 241 propuestas para evitar recortes discrecionales, preservar la representación proporcional y eliminar el secreto ministerial en sus funciones de fiscalización
AquíNoticias Staff
Nueve de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral decidieron anticiparse al debate legislativo y fijar postura. Ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentaron un documento con 241 propuestas que, en los hechos, buscan acotar el margen político de la reforma y defender las condiciones operativas del árbitro electoral.
El planteamiento central es financiero: vincular el presupuesto del INE al Producto Interno Bruto (PIB) para evitar recortes definidos —según los consejeros— con criterios políticos y no técnicos. La propuesta apunta a un presupuesto dinámico, previsible y estable, que impida ajustes abruptos año con año.
La consejera Carla Humphrey fue directa al advertir que los recursos actuales son insuficientes y que los recortes ponen en riesgo derechos fundamentales. Señaló que los ajustes presupuestales no solo afectan la operación del instituto, sino también la calidad de la democracia y la preservación de los principios electorales.
En la misma línea, el consejero Martín Faz explicó que el documento propone un modelo presupuestal ligado al PIB anual para impedir variaciones discrecionales. La lógica es simple: si el país crece o se contrae, el financiamiento electoral se ajusta con reglas claras, no con decisiones coyunturales.
El debate no se quedó en el dinero. El consejero Arturo Castillo subrayó que sin recursos suficientes se afecta directamente la confianza en las elecciones. “Sin recursos sí hay una afectación a la calidad de la democracia”, sostuvo, al defender que la confiabilidad electoral exige presupuesto acorde a la responsabilidad institucional.
Otro eje sensible es la fiscalización. Los consejeros propusieron vetar en la Constitución el secreto ministerial en las funciones de fiscalización del INE y sancionar a los funcionarios que nieguen información al organismo. El objetivo: cerrar espacios de opacidad y fortalecer la capacidad real de supervisión del gasto político.
También se planteó modificar la fecha de la elección judicial, una discusión que ya estaba en la agenda pública y que ahora el INE formaliza como ajuste necesario dentro del rediseño electoral.
En el plano político, el instituto fijó una línea roja: mantener la representación proporcional en el Congreso y conservar el Servicio Profesional Electoral. Para el consejero Jaime Rivera, la reforma no puede responder a una sola fuerza política. Recordó que el principio de proporcionalidad, establecido desde la reforma de 1977, puede revisarse, pero debe fortalecerse, no eliminarse.
El mensaje es inequívoco: el INE no solo administra elecciones, también disputa el sentido de la reforma. Antes de que el Congreso legisle, el árbitro electoral ya puso condiciones.
