Los encuestados admitieron que los tres principales problemas a los que se enfrentan son los robos, los secuestros y el crimen organizado. El 4.6 por ciento ha padecido también por causa de conductas de discriminación y racismo
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]D[/dropcap]esprotegidos. Los migrantes admitieron que han sido desamparados por el gobierno mexicano a pesar que deben atravesar el corredor más peligroso, de Chiapas hasta el Estado de México, en su paso por el país con destino a los Estados Unidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el lunes, el 36.8 por ciento de los entrevistados aseguró que las autoridades no hacen nada para brindarles protección; el 22.6 por ciento señaló que ésta era poca; el 19.2 por ciento dijo que los resguardaba algo; sólo el 13.0 por ciento aseguró que sí lo hacía.
El diario «El Imparcial» retomó los datos que reveló este instrumento estadístico que se aplicó de junio a diciembre de este año. Participaron mil migrantes en tránsito por México, cuyas edades oscilan entre los 15 y más años, alojados en albergues y casas del migrante en todo el país.
Los encuestados admitieron que los tres principales problemas a los que se enfrentan son los robos, los secuestros y el crimen organizado. No obstante, el 4.6 por ciento ha padecido también por causa de conductas de discriminación y racismo; esto revela que hay «un ambiente de violencia y agresión en su contra».
Prueba de ello —asevera el medio nacional— es que a cuatro de 10 los amenazaron con llamarle a autoridades migratorias y una cuarta parte manifestó haber recibido burlas, insultos o gritos.
¿Xenofobia?
Chiapas recibe 70 veces más migrantes que los utilizados para esta encuesta de la CNDH. Es decir, en territorio chiapaneco aumentan las probabilidades de que éstos sean afectados por hurtos, plagios, bandas criminales y discriminación.
En enero de este año, para El Universal, el delegado en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, Jordan de Jesús García Orantes, dijo que habían cerrado el 2016 con un intenso incremento en el flujo de migrantes, sobre todo personas provenientes de África, Asia, Haití y Cuba; es decir, extracontinentales.
Como dependencia, reveló, habían atendido a 70 mil migrantes de diferentes nacionalidades y que la cifra de entrada era de 100 mil extranjeros por día, que ingresaban por Tapachula.
De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en un periodo de ocho años (desde 2007 a 2015), más de 7 mil de personas de origen africano habían transitado por esta ciudad, «como parte de una migración forzada que tiene como destino final Estados Unidos o Canadá»; antes de «la ola» que se suscitó en 2016.
El antropólogo social, Jaime Horacio Cinta Cruz explica en su estudio «Migración de africanos a su paso por Tapachula, Chiapas, a principios del siglo XXI: una exploración al uso de redes sociales y de apoyo en la migración» (2014), que la travesía para llegar a esta demarcación es costosa y riesgosa para esta población. Por este viaje pagan hasta 15 mil dólares y en el camino pueden perder la vida.
El experto da cuenta de que así como se han encontrado con establecimientos donde procuran brindarles atención de calidad, aunque modesta, los migrantes en general han afrontado la discriminación tal como asienta el estudio de la CNDH.
Medios nacionales como Excélsior dieron a conocer que empresas transportistas denominadas popularmente como «tijuaneras» no acceden a venderles boletos para trasladarse al norte. Su argumento, «es que transportarlos genera conflictos con los pasajeros y el chofer».
De acuerdo con un sondeo que el antropólogo documentó en audiovisual, algunos tapachultecos consideraron un riesgo sanitario la presencia de personas africanas o haitianas en su ciudad. Ello evidenció, además de la desinformación, una tendencia xenofóbica por parte de algunos chiapanecos.
Persiste violación de DDHH
Acerca de los otros asuntos que la encuesta reveló (robos, secuestros y crimen organizado), existe un trasfondo de violencia estructural que impide su resolución.
De un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes denunciados en Chiapas, Sonora, Coahuila, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, en el periodo de 2014 a 2016, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento, concluyó el Centro de Análisis e Investigación «Fundar».
Estos resultados se desprenden del informe «El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel», presentado en julio pasado y que devela la persistencia de obstáculos que «Fundar» considera graves, para denunciar delitos y para investigarlos.
Identificó como impedimentos para que se lleven a cabo las indagatorias: la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y sus homólogas locales; el retraso injustificado de estos procesos; la falta de fiscales con un perfil idóneo, así como de recursos materiales y humanos para efectuarlos.
No obstante, los problemas empiezan mucho antes que se reporten los delitos puesto que la denuncia se dificulta porque las autoridades no se encuentran accesibles, ni en las estaciones migratorias ni en otros lugares donde se cometen las infracciones, además las víctimas no les tienen confianza, se asienta en la investigación.
«Las autoridades mexicanas justifican la ausencia de resultados con el argumento de que las víctimas no permanecen en el lugar donde están las investigaciones; sin embargo, en el reporte se explica que las autoridades mexicanas tienen a su disposición dos herramientas que no utilizan para investigar estos casos: la recopilación de datos y desahogo de pruebas que permitan continuar las investigaciones aun sin las presencia de los migrantes víctimas o testigos de delitos así como su regularización migratoria», dio a conocer «Fundar», por medio de su página web.
«Exhortamos a las autoridades mexicanas a investigar y sancionar delitos cometidos en contra de migrantes, y dejar de obstaculizar la justicia. Con investigaciones y justicia pueden dejar atrás la idea de que la violencia y la impunidad son un precio que hay que pagar al cruzar por México», pidió la organización en su momento. A cinco meses de esa petición, los migrantes se siguen sintiendo desprotegidos.
