En mayo de 2015 se creó el Sistema Nacional de Transparencia y un año después se publicaron siete leyes que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de entonces se involucraba a las entidades federativas en un esfuerzo de corresponsabilidad sobre el ejercicio, control y evaluación del gasto público, la rendición de cuentas sobre el desempeño gubernamental, innovadoras herramientas para el acceso a la información y las sanciones aplicables a personas servidoras públicas y personas morales.
¿Funcionan o no ambos sistemas? Una reciente evaluación de la OCDE sostiene que México cuenta con un marco regulatorio sólido y robusto entre los mejores de sus países miembro en materia de combate a la corrupción y de integridad pública, pero tiene una débil implementación. La ley es casi perfecta en lo relativo a la estrategia anticorrupción (93 de 100%), en el financiamiento a partidos (90%) y en cuanto a conflictos de interés (89%), pero la puesta en práctica es deficiente: 53, 71 y 44%, respectivamente. La primera edición de Perspectivas de Integridad y Anticorrupción 2024 reconoce que los países de la OCDE han fortalecido sus marcos de lucha contra la corrupción pero recomienda mejorar el monitoreo y la implementación mediante la recopilación de datos y teniendo en cuenta riesgos emergentes. Las leyes evolucionan por los cambios sociales, por eso, el organismo sugiere actualizar los marcos de integridad para hacer frente a nuevas modalidades de corrupción relacionados con la Inteligencia Artificial, la interferencia extranjera y la llamada corrupción estratégica.
La brecha entre regulación e implementación es un llamado de atención para las autoridades que serán electas tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.
Organizaciones de la sociedad civil han llamado reiteradamente a cerrarla y han propuesto mecanismos de solución que topan con criterios y cálculos políticos.
Si bien los resultados son medianamente satisfactorios, queda mucho por hacer.
Que México ocupe el primer lugar junto con Letonia en materia de estrategia anticorrupción de los 34 países miembro de la OCDE pero que la aplicación esté debajo del promedio, refleja la necesidad de pasar de la teoría a la práctica en el combate a la corrupción. El estudio arroja que las regulaciones de México en materia de control interno se encuentran entre las mejores de esos países, por el contrario, no cuenta con una institución que supervise las actividades de cabildeo.
El organismo económico nos recuerda que la corrupción tiene un impacto adverso en la prosperidad y la democracia, profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, erosiona el buen funcionamiento de las democracias e impide la representación y la confianza en el gobierno. La corrupción afecta a los que menos tienen y a quienes han vivido y viven desigualdades, como las mujeres.
En un reciente ensayo de mi autoría incluido en el libro Mujeres y Anticorrupción.
Cómo nos afecta la corrupción y qué hacemos para contrarrestarla, subrayaba que generalmente las leyes son diseñadas y confeccionadas por hombres. De ahí la necesidad de promover la incorporación de mujeres en áreas relacionadas con la aplicación y ejecución de la ley, especialmente en los niveles decisorios para mirar a la corrupción con lentes de género y contribuir a su combate.
