La elección de 2021 es la primera donde habrá candidatas y candidatos de la comunidad afromexicana, que viven con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El consejo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la elección del próximo 6 de junio dará una vuelta de tuerca en la construcción de una sociedad igualitaria y el gran desafío será no dar marcha atrás a los logros que se consiguieron en los comicios de 2018.
En la inauguración de las mesas de análisis «Rumbo a las Elecciones 2021: la agenda de género a debate», que organizan las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con otros organismos, el consejero electoral recordó que en 2018 México logró un Congreso paritario que colocó al país en el cuarto lugar a nivel mundial con más número de mujeres legisladoras.
El resultado de aquella elección también fue que, en algunos estados, la presencia de las mujeres se incrementó. Por ejemplo, el Congreso de Morelos se conformó por 70 por ciento de legisladoras, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado se integraron prácticamente por mitad de mujeres y de hombres.
Cordova Vianello dijo que la elección de 2021 es la primera donde habrá candidatas y candidatos de la comunidad afromexicana, que viven con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes. Esto debido a las medidas afirmativas acordadas por el INE para el registro de candidaturas a diputaciones federales. Aún así, el funcionario destacó que falta consolidar el modelo de paridad, ya que ahora se dio un paso adelante al considerar este principio en las candidaturas a gubernaturas. En esta elección los partidos políticos fueron obligados a reservar a las mujeres 7 de las 8 candidaturas a gobiernos estatales.
Otro reto, expuso Cordova Vianello, es concretar la paridad en el ámbito municipal, porque si bien en el espacio legislativo hay grandes logros, en el plano municipal apenas hay entre un 24 y 25 por ciento de mujeres presidentas municipales. El consejero explicó que para lograr esta meta son importantes los criterios jurisprudenciales y las decisiones administrativas.
El consejero presidente del INE también dijo que, después de concluir el proceso electoral, será importante hacer un balance de cómo funcionaron las medidas afirmativas, la paridad y las acciones para erradicar y combatir la violencia política contra las mujeres, implementadas gracias a la reforma de abril de 2020.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, destacó que otro reto será atender la violencia política y la impunidad. Dijo que sólo en un año se han contabilizado 127 agresiones en el ámbito político, lo que calificó como una cifra inadmisible.
La magistrada también alertó que ahora hay una «hiper-legitosidad» del proceso electoral. Señaló que los partidos políticos están viendo a los tribunales electorales como una arena de batalla para dirimir sus controversias, algo que es peligroso porque en la judicialización se da una extensión de las campañas electorales.
Otálora Malassis agregó que en estas elecciones es necesario implementar las reformas en materia de violencia política en razón de género. La magistrada coincidió con el presidente del INE en que hay avances en la integración de los congresos, pero señaló que un logro particular es que la ciudadanía acepta que las mujeres accedan a los cargos en condiciones de igualdad.
En tanto, Laura Liselotte Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, aseguró que la participación de las mujeres en la toma de decisiones constituye un elemento indispensable para reducir y eliminar de manera progresiva las brechas de desigualdad con los hombres.
También dijo que la armonización de la legislación federal y local en el ámbito político-electoral es necesaria para garantizar que las reformas en materia de paridad y violencia en razón de género sean una realidad en todo el país, así como el fortalecimiento de mecanismos competentes para atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de ellas.
